Martí Batres
Desde el periodo ordinario pasado, las comisiones de Trabajo y de Estudios
Legislativos Segunda del Senado, aprobaron por unanimidad el dictamen que
regula el llamado outsourcing, delimita en qué casos es legal y sanciona su
aplicación ilegal.
En aquel momento, diversas voces se alzaron y demandaron la implementación de
un Parlamento Abierto para expresar sus puntos de vista antes de que el
dictamen pasara al pleno.
Hace dos días se realizó el Parlamento Abierto. Participaron setenta ponentes
de la academia, el mundo empresarial, el sector obrero y el poder público.
Aunque exigieron su realización, no se presentaron al mismo los titulares del
Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex y la Confederación de Trabajadores
de México.
Sin embargo, el Parlamento fue todo un éxito.
El presidente del Colegio de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Larios, señaló que la
figura del outsourcing no corresponde al campo del derecho laboral, sino que
compete al campo del derecho mercantil, por lo tanto es extraña a los
principios que guían el derecho social, pues convierte al trabajador en una
cosa que puede ser transferida de un empleador a otro.
El abogado Marco del Toro acusó cinismo de quienes argumentan que el
outsourcing es necesario para dejar de pagar el reparto de utilidades a los
trabajadores (PTU). Añadió que con el outsourcing ha surgido un gran grupo de
nuevos ricos que incluso están creando medios de comunicación.
Héctor Márquez Pitol, de Manpower Group, señaló que es pertinente hacer de una
vez esta reforma para ya deslindar perfectamente el outsourcing legal del
ilegal.
Héctor de la Cueva, del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical
afirmó que el problema no es sólo el outsourcing, sino toda la destrucción del
trabajo a través del pago por hora, contratos temporales, primer empleo sin
derechos.
Francisco Hernández Juárez observó que en 2012 se dijo que con lo que se
incorporaba en la Ley Federal del Trabajo en ese momento era suficiente para
impedir la expansión de outsourcing ilegal; pero no fue así. Explicó la
simulación de algunas empresas que declaran tener un solo trabajador para
subcontratar a todos demás.
El abogado laboralista Óscar Alzaga señaló que si se trata de copiar políticas
laborales de otros países se debería comenzar por copiar los elevados salarios
que se tienen en los EU.
El director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló algunas consecuencias del
outsourcing como el subregistro ante el IMSS, el subregistro del pago del IVA,
la diferenciación salarial o la ausencia de registro de antigüedad de los
trabajadores, etcétera.
El propio senador Napoleón Gómez Urrutia y otros advirtieron que las prácticas
ilegales de subcontratación fomentan el abaratamiento de la mano de obra, la
disminución de las prestaciones laborales, la discontinuidad de los servicios
sociales, la falta de ahorro para la jubilación y que hay un incentivo
negativo: el que viola la ley gana más.
Los empresarios insistieron en crear un registro de empresas subcontratistas y
evitar la retroactividad.
En la reunión que tuvo el Presidente de la República con los senadores de su
coalición mencionó tres puntos para este periodo de sesiones: Amnistía,
outsourcing y programas sociales. En el caso del outsourcing sólo pidió que se
escucharan todas las opiniones.
El Parlamento Abierto ya se hizo. Ahora los defensores del outsourcing ilegal
hacen intenso lobby en el Senado para que ninguna reforma no pase…