IMPULSO/ María del Carmen Alanis F.
Violencia política de género: las simulaciones
Cómo olvidar aquel vergonzoso 2009, cuando ocho Mujeres electas como diputadas federales se vieron obligadas a renunciar a su curul para que asumieran el cargo sus suplentes, casualmente “varoncitos”. Hace unas semanas, se presentaron 51 renuncias “sorpresivas” de fórmulas completas de mujeres electas en Chiapas, tanto propietarias como suplentes, para que, nuevamente, sean hombres los que tomen su lugar.
Nueve años después, los partidos políticos nuevamente nos demuestran que el menoscabo y desprecio por el trabajo de las mujeres en política, sigue vigente. Digámoslo con todas sus letras y fuerte: ¡eso es violencia política en razón de género!
Se pensó que con el tiempo y con las reformas para establecer suplencias del mismo género y garantizar las postulaciones paritarias se habrían erradicado estas conductas. Pero no nos equivocamos nosotras. Siempre supimos que no era suficiente, sin embargo, nos enfrentamos a los obstáculos del patriarcado en el poder. Enfrentamos intentos de contra-reforma, como la modificación en la Cámara de Diputados (2017), del Dictamen del Senado sobre Violencia Política, que pretendió hasta derogar atribuciones del INE para sancionar a servidores públicos. Era un cheque en blanco a la impunidad.
Elevar a rango constitucional el principio de paridad para el registro de candidaturas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión y de los Congresos locales, fue un avance sin parangón. La jurisprudencia del Tribunal Electoral que obliga a los partidos a la paridad vertical y horizontal a nivel municipal y el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de género, calaron hondo, muy profundo.
Las mujeres en la política hoy cuentan con sustento convencional y constitucional, con las herramientas de actuación y con el suficiente acompañamiento ciudadano y mediático para seguir luchando, ocupar legítimamente los espacios de toma de decisión y para defender el acceso y ejercicio de los cargos, en igualdad de condiciones.
El problema está al interior de los partidos. Varios de sus cuadros son impresentables. Esos sí deberían de estar en la cárcel. Y me preocupa, y mucho, que las diputadas, presidentas municipales, síndicas, regidoras accedan a sus cargos a través de sentencias de los tribunales o a través de acuerdos del INE, como el reciente caso de Chiapas, en el que oportuna y atinadamente atrajeron el caso y definieron los criterios, para evitar cualquier tipo de “presión” a la autoridad local. Me preocupa porque varias de ellas viven un infierno en el “día a día”: acoso, intimidación, violencia. No olvidemos los casos de San Bartolo Coyotepec, San Juan Cotzocón, Oxchuc, Chenalhó, Martir de Cuilapan, y muchos más.
Hemos atestiguado acciones fraudulentas, a todas luces discriminatorias, como la suplantación de candidaturas indígenas y transgénero. Pero vergonzantes son también las decisiones que exoneran. Encomiables las decisiones que sancionan. Falta certeza. Ni hablar.
Además de que estas simulaciones son inadmisibles, constituyen una brutal violación a los derechos humanos de las mujeres, los tratados internacionales y los principios constitucionales de igualdad, no discriminación y paridad.
Hoy, más que nunca, urgen las reformas en materia de violencia política en razón de género. Celebramos la paridad ya no solo en el registro de candidaturas a los Congresos, sino la conformación paritaria de los mismos. Por fin las presidencias de las Comisiones del Senado también son paritarias; se conforma la Bancada Bi-Cameral de Mujeres; reciben de la Red de Mujeres en Plural la agenda de género para asegurar el pleno ejercicio de los derechos políticos; se exige conformación con Mujeres de los tribunales electorales de 13 entidades federativas que tienen vacantes y el Senado emitió la convocatoria, entre muchas otras acciones.
Senadoras y diputadas, tienen en sus manos la posibilidad de avanzar en este terreno. Aprueben las reformas en materia de violencia política y garanticen el acceso a la justicia a las mujeres víctimas, y aseguren las medidas provisionales y de protección, la reparación, la sanción ejemplar y la no repetición.
En sus manos está sancionar estas aberrantes conductas y no permitir, nunca más, simulaciones inadmisibles como las que ocurrieron en Chiapas.
