- Penas ejemplares y reparación del daño ante delitos ambientales, propuso la consejera de la Judicatura del Estado de México, Edna Edith Escalante Ramírez.
Urge fortalecer el sistema de justicia ambiental, lo que implica la adecuación de la ley a protocolos y normas internacionales que midan el impacto causado, para que la imposición de la pena por la comisión de los delitos no sólo sea ejemplar, sino también contribuya a la reparación del ambiente, enfatizó la consejera de la Judicatura del Estado de México, Edna Edith Escalante Ramírez.
Ante ello, la jueza se pronunció porque los estados adopten un marco jurídico que permita frenar los delitos cometidos contra el ambiente y, de esta manera, sentar las bases para la perpetuidad de la especie. Además, dijo que se deben considerar las condiciones de vulnerabilidad, así como los factores socioculturales, económicos y étnicos que propician desigualdad en las comunidades indígenas que cuidan de los recursos naturales.
Lo anterior, al participar en el Primer Seminario Internacional sobre Justicia Ambiental. Retos y oportunidades desde la educación para fortalecer el combate al crimen organizado y promover la cultura de la legalidad, coordinado por la Escuela Libre de Derecho, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, donde subrayó la importancia de favorecer al entorno para alcanzar una mejor calidad de vida y distribución de los recursos naturales.
Se pronunció porque los estados adopten un marco jurídico que permita frenar los delitos cometidos contra el ambiente y, de esta manera, sentar las bases para la perpetuidad de la especie.
Escalante Ramírez explicó que en la actualidad el Código Penal del Estado México contempla tres tipos de delitos: contra el medio ambiente, contra la flora y fauna silvestre, y el de maltrato ambiental; cuyas penas van de dos a ocho años de prisión. No obstante, insistió en la necesidad de fortalecerlas para se repare el daño ambiental causado.
Detalló que la naturaleza, la flora, los recursos naturales, minerales y energéticos, es decir, todo lo que es capaz de producir en la tierra, se vuelve susceptible de la comisión de delitos relacionados con el ambiente y, al igual que otro tipo de ilícitos, existe insatisfacción y se debe recuperar la credibilidad en las instituciones.
Por ello, es necesario fortalecer la justicia ambiental e incluir en el Código de la Biodiversidad la protección y promoción de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas relacionados con el aprovechamiento y manejo de los recursos naturales; esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la Constitución Política, donde se reconoce el derecho de las comunidades y pueblos indígenas al uso y disfrute de los recursos naturales localizados en los lugares que ocupan.
