Layda Negrete
El jueves 6 de febrero, Alejandro Gertz Manero entregó al Senado de la
República su Plan de Persecución Penal. El documento expone los objetivos que
busca lograr como titular de la Fiscalía General. Aunque tiene algunas
virtudes, este texto revela una visión limitada del papel que deben jugar las
autoridades federales de justicia en la tarea de pacificar al país.
El principal defecto del Plan de Persecución Penal Federal es haber dejado
fuera de sus prioridades el combate a la violencia letal. No están en su mira
el asesinato contra niños, niñas y adolescentes; tampoco están los homicidios
contra mujeres y hombres. En resumen: no basta que las muertes violentas en
México hayan tocado su punto histórico más alto, para convencer al Fiscal
General de prestar algo de atención a su investigación y persecución. De los
diez ejes delictivos que se identifican en el plan como prioritarios, el
combate al homicidio simplemente no aparece.
La exclusión de la investigación de los homicidios por autoridades federarles
no es nueva. El homicidio, desde hace mucho tiempo, se ha considerado como un
delito del fuero común; es decir, un delito que debe ser investigado por los
ministerios públicos de cada entidad federativa. Esto es un error.
El criterio que acepta que los homicidios en el país son un asunto local es obsoleto.
La dinámica de violencia en el país nos confirma que el homicidio, a gran
escala, es usado por el crimen organizado como herramienta para controlar
mercados ilegales. Urge reconocer que los homicidios están conectados a delitos
federales de tráfico de droga, de armas y de personas, entre otros. Los
patrones de comisión de homicidios en México trascienden fronteras de estados y
son llevados a cabo por organizaciones criminales que tienen presencia
nacional. No tiene nada de local una organización que produce, transporta y
comercializa droga en distintos puntos del territorio, comete homicidios y lava
dinero.
Para argumentar a favor de la persecución del homicidio como una prioridad
nacional sirve usar las frases del propio Plan de Persecución Penal de la
Fiscalía, cuando explica la propuesta “Unidades de Casos Transversales
“. Según esta, algunos delitos demandan
investigación basada en “contexto, contemplando los factores y actores
involucrados para identificar situaciones y personajes reiterativos que den
cuenta de la estructura y modus operandi de las organizaciones criminales que
cometen estos y otros ilícitos conexos”.
La Fiscalía se desmarca de los homicidios mencionados, en una nota al pie de la
página 12, que los homicidios son del fuero común. ¿Que podría haber hecho la
Fiscalía de querer optar por una ruta más virtuosa? Agregar (entre las
seiscientas hojas de texto que intentó convertir en iniciativas legislativas)
unas cuantas frases que permitiesen la competencia concurrente en materia de
homicidios, tal y como ya sucede en materia de secuestros. Sería importante
considerar una modificación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
El 3 de febrero varios niños perdieron la vida en un negocio de videojuegos en
Uruapan. El 9 de febrero otros dos niños, de 11 y 13 años, fueron asesinados a
balazos en Cocula. El móvil de esta violencia no parece tener nada de azaroso
ni nada de local.
Si las autoridades federales quieren en verdad pacificar al país, es hora de
que pongan sus acciones en línea con sus discursos. Que aborden el reto de
perseguir y prevenir el homicidio, tratándolo como el fenómeno nacional que es.
