Rogelio
Gómez Hermosillo
La salud es el bien más preciado de las personas. Es la vida misma. “Que
haya salud” es uno de los buenos deseos más comunes en las felicitaciones
por año nuevo.
Saber qué está pasando con la transformación del sistema público de salud
preocupa a muchas personas. Sobre todo a quienes no tienen seguridad social y
dependen de la política pública como el “Seguro popular”.
El punto de partida de sociedad y gobierno para orientar esta transformación es
que la salud es un derecho humano. Es obligación del Estado garantizar,
respetar, promover y proteger que cada persona disfrute el nivel más alto de
salud física y mental. Como parte de esa obligación, el Estado debe crear
condiciones que aseguren asistencia médica y servicios médicos para todas las
personas.
El debate sobre la transformación del sistema público de salud debe darse con
esa perspectiva de derechos. Es obligatorio conforme el mandato del art. 1º de
la Constitución. Así lo planteamos desde un conjunto de organizaciones de la
sociedad civil, agrupadas en la recién creada “Alianza Ciudadana por la
Salud”. (Documento disponible en https://bit.ly/2TQhgvj).
La Alianza reconoce la disposición del gobierno de dar prioridad a la salud.
Coincide y apoya la intención de lograr cobertura universal y enfrentar la
corrupción. El llamado es “ir más allá” para construir un sistema
público de salud centrado en las personas, con equidad y calidad.
La Alianza propone superar la inequidad en el acceso a servicios de salud
derivada de la desigualdad de trato entre derechohabientes y no
derechohabientes de la seguridad social y construir un sistema público
accesible y asequible para todas las personas. Para eso es indispensable un
plan que vaya más allá del combate a la corrupción en la cadena de abasto de
medicamentos.
Una de las dimensiones de la transformación urgente que puede quedar relegada
por quedar fuera de la transparencia y eficiencia del sistema de abasto de
medicamentos es la calidad de la atención preventiva.
“Más vale prevenir” es un dicho trillado pero efectivo. Como bien
dice el documento de Alianza Ciudadana por el Derecho a la Salud, uno de los
objetivos de la transformación del sistema público de salud debe ser
“priorizar la atención preventiva para mantener sana a la población sana,
para evitar que enfermen las personas con riesgos específicos y para detectar y
contener las enfermedades en sus fases iniciales, evitando sus
complicaciones”.
Detener o al menos retrasar la enfermedad de personas con riesgos específicos,
como por ejemplo, retrasar o evitar que enfermen de diabetes o hipertensión las
personas con sobrepeso y obesidad, es la única manera sostenible de financiar
la atención de salud de esos padecimientos.
Las personas con riesgos específicos requieren una atención especial, activa y
efectiva por parte del sistema de salud. No es sostenible esperar a que los
padecimientos se compliquen y lleguen a su nivel más complejo y costoso.
Dejar que el nivel ambulatorio y el primer nivel de atención esté en manos de
los consultorios adyacentes a farmacias es absurdo y mortal, literalmente
hablando. Se trata de prevenir y de contener, no de recetar y vender.
Prevenir y contener exige un modelo de salud con capacidad proactiva y con seguimiento
personalizado. No es lo mismo garantizar la insulina y los estudios de control
de azúcar en sangre, para personas con riesgo, que pagar las cirugías de
amputación o el costo de hemodiálisis periódicas y frecuentes. Si el costo
financiero de las complicaciones es insostenible para las finanzas públicas,
resulta “incosteable” en dolor humano y muerte para las familias y
las personas
Garantizar atención médica con calidad y oportunidad es la única manera de
cumplir con la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud. Y
para ello, el enfoque de prevención es prioritario.
Twitter: @rghermosillo