Organizaciones civiles se amparan ante el incremento de dos pesos del transporte público por considerar que fue desproporcionado y afecta la economía de los usuarios.
: Entre los promotores de los amparos están agrupaciones como Nueva Era, la UPREZ, El Colegio de abogados de la Ciudad de México.
Aída Díaz del Río/Nezahualcóyotl
El aumento al transporte público en la entidad mexiquense lesiona la economía de más de 6 millones de usuarios mexiquenses que utilizan este medio transporte para acudir a sus centros de trabajo y escuelas, principalmente; incluso para los obreros asalariados que ganan en promedio 4 mil pesos mensuales, de los cuales destinan alrededor del 50 % de su salario, expuso en conferencia de Felipe Rodríguez Aguirre, dirigente de la UPREZ Estado de México.
Esto dijo no fue analizado por el gabinete estatal en materia de transporte, como tampoco el mal servicio, la faltas de calidad en las unidades que prestan el servicio a la población, lo cual ocasiono usuarios adheridos a organizaciones sociales y políticas de varios municipios del Estado de México, principalmente de la zona oriente, han interpuesto hasta ahora 115 amparos ante autoridades judiciales contra el aumento a la tarifa de transporte público que pasó de 10 a 12 pesos porque consideran que no hay fundamento legal para que se autorizara.
Explicaron que en los 115 amparos interpuestos ante juzgados de distrito del Estado de México, por los agrupaciones Nueva Era, Colegio de Abogados de la Ciudad de México y la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) se establece que tanto el gobernador Alfredo del Mazo, como el titular de la Secretaría de Movilidad, no justificaron la medida “porque el incremento del 20% a la tarifa del transporte es desproporcionada con respecto a la inflación nacional que sólo fue del 3%”.
En su momento Brenda Mónica Jiménez Conde y Juan José Grajales Hernández, representantes legales de la organización Nueva Era, denunciaron que el alza al transporte fue el resultado de un acuerdo unilateral, sin previa consulta a los usuarios, entre los empresarios del ramo y el gobierno del Estado de México, que fue publicado en la Gaceta el 19 de diciembre del año pasado.
“El alza es violatoria del numeral 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el cual menciona que la Secretaría de Movilidad tiene la atribución de autorizar y modificar en todo tiempo las tarifas del servicio público del transporte; siempre en atención a la satisfactoria presentación del servicio y las necesidades públicas”, refieren los amparos, lo cual no se ha cumplido porque a la fecha es un servicio de mala calidad e inseguro, expusieron.
Jiménez Conde y Grajales Hernández, informaron que a finales de este mes y la primera semana de marzo, tendrá tres audiencias; dos en el juzgado noveno de distrito con residencia en Nezahualcóyotl y, otra más en el juzgado de Naucalpan, cuando los jueces tendrán que resolver si proceden o no los amparos.
“Por vía legal seguirán insistiendo en que se dé marcha atrás al incremento de la tarifa del transporte público, la cual estará acompañada de movilización de ciudadanos a instalaciones del Poder Judicial del Estado de México y al palacio de gobierno estatal”.
Felipe Rodríguez Aguirre
Dirigente de la UPREZ
“El alza es violatoria del numeral 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el cual menciona que la Secretaría de Movilidad tiene la atribución de autorizar y modificar en todo tiempo las tarifas del servicio público del transporte; siempre en atención a la satisfactoria presentación del servicio y las necesidades públicas”.
BRENDA JIMENEZ CONDE
Representante de Nueva Era
20% De incremento a la tarifa del transporte es desproporcionada con respecto a la inflación nacional que sólo fue del 3%”.
6 Millones de usuarios mexiquenses son afectados por ese incremento desproporcional a la inflación
