Daniel Cabeza de Vaca
El pasado 3 de marzo, las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios
Legislativos del Senado de la República, aprobaron en lo general el dictamen de
la Ley General para la Regulación del Cannabis. El proyecto de ley pretende
girar sobre los ejes de erradicación de la violencia, debilitamiento del crimen
organizado y protección de los derechos humanos. Sin embargo, existen diversas
cuestiones a considerar por las cuales se pronostica inviable concretar tales
ambiciones.
Primeramente, debe advertirse la importancia de contar con estudios científicos
que nos permitan conocer las consecuencias de carácter social, económico y de
salud pública, que tendría la regulación de los usos del cannabis en los
términos propuestos. Es responsabilidad del Senado contar con bases objetivas
que nos permitan prever los aspectos positivos y negativos de la regulación.
Dichos estudios deben estar confeccionados para la realidad mexicana. No
dudamos que existan diversos análisis de otros países donde el uso de la
marihuana se encuentra reglamentado, pero nosotros necesitamos conocer qué
pasaría en nuestro país, para tener la información que nos permita diseñar
exitosamente la legislación pertinente.
Por otro lado, se destaca el tremendo reto práctico que la regulación del
cannabis presenta al Estado mexicano. Por ello, se propone la creación del
Instituto Mexicano del Cannabis, encargado de coordinar a la administración
pública federal y autoridades sanitarias, creación de políticas públicas y
demás tareas relacionadas con el cannabis. Si bien es un primer paso, el
Instituto no resuelve por sí mismo los problemas operativos que se presentarán
con la legalización de la marihuana. La coordinación con dependencias del
Ejecutivo no es sencilla, toda vez que al ser un órgano desconcentrado de la
Secretaría de Gobernación, el Instituto no cuenta con la capacidad jurídica
para hacer obligatorias sus decisiones. Por lo que dicha obligatoriedad caerá
más bien en el terreno político, que es maleable y puede inclinarse hacia el
lago que convenga en un momento determinado. Necesitamos repensar la forma en
la que el aparato del Estado intervendrá de manera fáctica una vez que la
regulación sea una realidad.
Asimismo, debemos enfatizar que la delincuencia organizada trata al tráfico de
estupefacientes como un fenómeno económico. Es decir, el objetivo de los grupos
de crimen organizado es generar la mayor cantidad de dinero posible. Por su
parte, el proyecto de ley abre la puerta para que el cannabis se convierta en
un negocio lícito y rentable. De tal forma que si los narcotraficantes observan
mermas en su capacidad económica debido al auge de negocios regulados de
marihuana, no tendrán otra opción que concentrar sus esfuerzos en otra rama de
su ilícito negocio. Lo que ya ha sucedido precisamente en el caso de la
marihuana. Su producción ha decaído ya que los delincuentes se inclinan por
drogas sintéticas como el fentanilo, al que hemos dedicado palabras en este
espacio para advertir sobre su letalidad. Efectivamente, al ser más barata su
producción, el crimen organizado prefiere concentrarse en su tráfico,
principalmente a sus consumidores que se encuentran en los Estados Unidos. Así,
tenemos que la regulación de la marihuana no acabará necesariamente con el
narcotráfico, y por lo tanto, tampoco con la ola de violencia y corrupción que
le acompañan.
Con base en esas consideraciones, pronostico que la ley propuesta por el Senado
gozará de eficacia jurídica, es decir, será vigente y cambiará el paradigma
legislativo que hasta el momento tenemos sobre la marihuana. Sin embargo,
carecerá de eficacia social, pues no es la herramienta correcta para lograr los
objetivos de pacificación generalizada que buscan sus autores y promotores.
Estamos conscientes de que la Suprema Corte de Justicia obligó al Congreso de
la Unión a expedir la ley que regule el cannabis, otorgando una prórroga en
razón de su complejidad hasta el 30 de abril de 2020. Queda poco tiempo, por lo
que un tema tan trascendente debe ser analizado de manera meticulosa, y sobre
todo, realista, previendo las consecuencias que pueda traer en un país como
México, de producción, venta y tráfico de drogas, una medida drástica como lo
es la regulación del cannabis. Estaremos pendientes de la discusión que siga en
la Cámara de Diputados, esperando que se tomen las decisiones adecuadas por la
salud y seguridad de nuestro país.