IMPULSO/ Agencia SUN
Bruselas, Bélgica
La migración ha cambiado de muchas maneras en México, incluido el modus operandi de los grupos delictivos dedicados al tráfico de personas, alerta un informe del Secretariado de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
“Los migrantes y los contrabandistas se ajustaron a los nuevos patrones de seguridad, ya sea cambiando las rutas o sobornando a la policía y los funcionarios de migración para mirar hacia otro lado”, detalla el documento de uso exclusivo para miembros de la Eurocámara.
En poder de EL UNIVERSAL, el reporte sostiene que las redes de contrabando son una industria rentable supervisada por grupos delictivos internacionales activos a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México.
Sostiene que las tarifas de los contrabandistas ahora se estiman en 10 mil dólares para el tránsito desde Centroamérica a suelo estadounidense.
“Los contrabandistas los guían alrededor de los puestos de control conocidos, y gran parte de la tarifa paga el costo de sobornar a los funcionarios mexicanos de inmigración y de policía para que miren hacia otro lado”.
El dinero, agrega, es usado además para pagar el derecho de piso a las organizaciones criminales que controlan partes del territorio, particularmente en la frontera entre México y Estados Unidos.
“Se sabe con frecuencia que los migrantes traficados son víctimas de prácticas depredadoras que van desde la demanda de sobornos hasta el secuestro masivo y la extorsión”, indica.
Señala que el riesgo de castigo para los delincuentes es bajo por el alto nivel de impunidad y porque suelen recurrir al recurso de hacerse pasar por inmigrantes irregulares, de manera que con frecuencia son repatriados en lugar de ser detenidos.
Entre enero y noviembre de 2017, 88 mil 741 inmigrantes irregulares fueron detenidos en el país, de los cuales 74 mil 604 fueron deportados. El 96% de los inmigrantes expulsados eran de Honduras, Guatemala y El Salvador, “países con las tasas de homicidio más altas del mundo”.
“Los crímenes y abusos contra los migrantes que viajan a través de México continúan ocurriendo a un ritmo alarmante. En algunos de estos casos, hay denuncias de que las autoridades gubernamentales están involucradas”, abunda.
El informe sobre los derechos humanos en México fue elaborado en el contexto de la reunión de la Comisión Interparlamentaria Mixta que tuvo lugar la semana pasada en la Ciudad de México.
El documento describe la situación actual de las garantías individuales en el país, al tiempo que pone el acento en los desafíos estructurales que enfrenta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para proteger y defender los principios fundamentales.
“Los desafíos actuales incluyen detenciones arbitrarias continuas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y uso de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad”.
También son un reto las amenazas, los ataques y asesinatos a defensores de los derechos humanos y periodistas, al igual que las agresiones digitales y la vigilancia como práctica de intimidación y hostigamiento.
Sostiene que la impunidad persiste para aquellos que violan los derechos humanos básicos, al tiempo que la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad promulgada en 2011 padece de graves lagunas, entre otros, en ámbitos como el acceso a la justicia, la capacidad jurídica y el derecho a votar.
La violencia contra las mujeres sigue siendo una preocupación importante; “los nuevos datos mostraron que dos tercios de las mujeres habían experimentado violencia de género durante sus vidas”.
En el rubro dedicado al derecho de los pueblos y comunidades indígenas, hace referencia al Proyecto del Tren Maya.
Sostiene que para las autoridades es un proyecto destinado a conectar los sitios arqueológicos mayas y llevar el turismo a la Península de Yucatán, mientras que para algunos activistas significa despoje de tierras, deforestación, contaminación del agua, problemas de salud y amenaza a la cultura y tradiciones.
