IMPULSO/ María Elena Morera
6 años, 10 meses y 11 días: 2,501 noches que Lorena González pasó acusada y encerrada por un secuestro que no cometió.
Los responsables: la Procuraduría local, a cargo de Miguel Mancera, subordinado de Marcelo Ebrard; y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, presidido por Edgar Elías Azar. Así lo indica la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 64/2018.
La pesadilla comenzó el 6 de septiembre de 2008, cuando Lorena fue privada de su libertad y presentada ante medios de comunicación como integrante de una banda de secuestradores, que con el tiempo se comprobó que nunca existió, y que supuestamente habrían secuestrado al hijo de Alejandro Martí. Como miles de mexicanas y mexicanos, Lorena padeció las injusticias de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia, y fue el centro de un espectáculo vergonzoso. Respecto a la “investigación”, las acusaciones en su contra fueron sustentadas en testimonios de personas que nunca existieron y que fueron fabricadas por las autoridades.
Lo inverosímil y absurdo del asunto no termina ahí. En el fuero federal, se abrió un proceso penal en contra de otra mujer por los mismos hechos y delitos que le fueron imputados a Lorena y, pese a que se presentaron sentencias condenatorias en contra de ella y otras personas que sí participaron en el secuestro del joven Martí, esto no fue suficiente para liberarla. Va de nuevo: dos mujeres detenidas por un mismo delito, y claramente establecida la tomadura de pelo de la Procuraduría; se armaría el escándalo, Lorena saldría libre, y se abrirían procesos contra los fabricadores de culpables. Pero no fue así. En lugar de enmendar, las más altas autoridades de la Ciudad, preocupadas por sus endebles reputaciones, decidieron continuar y ampliar la injusticia. Le fabricaron a Lorena otros 16 secuestros y tres homicidios, de nueva cuenta sin pruebas. Una vez concluida la etapa probatoria en todos los juicios, y luego de casi siete años, el Ministerio Público se desistió del ejercicio de la acción penal y Lorena recuperó su libertad el día 15 de julio de 2015.
De acuerdo con la CNDH, a Lorena le fueron violados sus derechos humanos al debido proceso, al acceso a la justicia, a una defensa adecuada, a la presunción de inocencia, a la vida privada, al honor y a la dignidad. En dicha recomendación, se instó a la Procuraduría y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a que, entre otras medidas de reparación, ofrecieran un acto de disculpa pública en favor de Lorena y de su familia, el cual tuvo lugar el jueves pasado. Una disculpa por semejante infamia siempre será tardía e insuficiente, y debe insistirse en que se le dé una reparación integral a Lorena y a su familia, y en que se sancione a los funcionarios involucrados.
Durante el acto de disculpa pública, la Procuradora de la Ciudad de México se comprometió a investigar y llevar ante las autoridades jurisdiccionales a los funcionarios involucrados en esta injusticia. Si bien es un buen primer paso, lo cierto es que no habrá justicia si no se libera a las otras cinco personas que, al igual que Lorena, se les acusó de pertenecer a la banda de secuestradores que nunca existió, y que por 11 años han estado privadas de su libertad y alejadas de sus familias. Si las autoridades de la Ciudad de México se toman en serio este acto de disculpa pública, deberán empezar por revisar de inmediato estos casos y devolverle la libertad que le arrebataron a estas personas.
Twitter: @MaElenaMorera
