IMPULSO/ Ana Lilia Herrera Anzaldo
Analista Política
Atender el grave problema de inseguridad es de la mayor prioridad para este gobierno, y lo fue para sus antecesores; es lo mínimo que puede brindar el Estado y la máxima aspiración de una sociedad cansada de tener miedo y ofendida por la impunidad. Pero reconozcámoslo: si el propósito es acabar con los delitos, es muy mala idea incrementar las injusticias.
En México, la prisión preventiva, como medida cautelar, existe desde 2008. Desde entonces, lo que aspira a ser justicia pronta y expedita, es sólo una salida falsa, que no resuelve las carencias, ineficiencias y corrupción de las instituciones de seguridad y justicia.
Con la intención de combatir la inseguridad, pero ignorando las opiniones expertas que en tres días de audiencias públicas recibimos en San Lázaro, además de las propuestas que hicimos desde la oposición, se aprobó la propuesta de Morena para modificar el Artículo 19 constitucional, en franca violación a los derechos humanos, sin atender las causas de fondo y, ojalá me equivoque, como un escalón para el autoritarismo.
Al día siguiente de la aprobación en San Lázaro, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó el hecho e invitó a México a adoptar medidas más eficaces y las enlistó: “favorecer medidas alternativas a la privación de la libertad para personas que no han sido condenadas en juicio, robustecer la defensoría pública, combatir el retraso en procesos judiciales, fortalecer la independencia judicial, mejorar las condiciones de detención y garantizar el derecho a la reparación integral a quien haya sido injustamente encarcelado”. Lograrlo, requiere más que modificar la ley: largos y costosos procesos de implementación que no se vieron reflejados en el Presupuesto de Egresos de este año.
Según análisis del colectivo Justicia Sin Pretextos, que reúne a más de 100 organizaciones y especialistas, la prisión automática criminaliza la pobreza, ya que el 38% de la población privada de la libertad se encuentra en espera de un juicio y de ésta, un 73% es de escasos recursos. Señala que empeora la sobrepoblación que existe en nuestros centros penitenciarios, “que operan a un 124% de su capacidad; obstaculiza la justicia y entorpece la investigación de los delitos”.
La apuesta del gobierno federal va contra el principio de presunción de inocencia, base de nuestro sistema de justicia, erróneamente acusado de defender a los delincuentes y no a las víctimas, cuando su objetivo es proteger a los ciudadanos frente a cualquier abuso de la autoridad. Cifras del mismo colectivo advierten que abre la puerta a la persecución de contrincantes políticos: hoy, de las dos mil carpetas de investigación que se inician al año por delitos electorales, sólo se judicializan tres.
Y no se trata de descalificar sin proponer. La seguridad es un deseo y responsabilidad de todos, pero la mayoría en la Cámara de Diputados desechó la propuesta que presentamos para hacer eficiente y aplicable el proceso en la persecución, a partir de la aplicación de medidas cautelares cuando se trata de un delito grave, sí, pero obligando al Ministerio Público a solicitar la prisión preventiva, en lugar de que un Juez la ordene de facto.
En palabras de Gabriela Ortiz y Javier Martín, especialistas en el sistema de justicia penal: una medida cautelar debe ser resultado de una ponderación para que el grado de afectación a los derechos del imputado se justifique por el nivel de riesgo identificado. “Deben ser aplicadas, pues, con la precisión del bisturí y no con la torpeza del machete”.
