IMPULSO/ Agencia SUN
San José, Costa Rica
Luego de permanecer atrincherado en una radioemisora de Honduras desde el lunes anterior, el periodista hondureño David Romero Ellner fue detenido hoy al mediodía en Tegucigalpa por efectivos policiales de ese país para que cumpla una condena de 10 años y ocho meses de cárcel por injurias, calumnias y difamación al destapar un escándalo de corrupción política que salpicó al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
La detención fue ejecutada pese a que la T, instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), remitió el pasado lunes al Ministerio Público (Fiscalía General) de Honduras una solicitud urgente para que concediera medidas cautelares a favor de Romero.
Al percatarse del operativo policial de arresto, grupos de simpatizantes del periodista llegaron a la radioemisora y en las afueras atacaron a los efectivos, lo que agravó la tensión, reportaron fuentes periodísticas.
El diario “La Tribuna”, uno de los principales de Honduras, aseguró que Romero fue sacado de las instalaciones de Radio Globo, de la que es director, mientras difundía en vivo un programa radiofónico. EL UNIVERSAL está pendiente de confirmar esa versión periodística.
Armados de mazos, los policías rompieron la puerta principal de la estación e ingresaron a buscar a Romero.
Pese a existir una orden judicial para ser detenido, el periodista se refugió el lunes en Radio Globo, una de las más importantes cadenas radiofónicas de Honduras, y se benefició de la petición que la CIDH envió al Estado hondureño para suspender su arresto.
La CIDH pidió favorecer a Romero con medidas cautelares, en resguardo de su integridad personal. El (estatal) Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) también instó ese día a otorgar medidas urgentes de seguridad para salvaguardar la vida del comunicador.
Romero denunció públicamente, en los medios de comunicación, que teme por su vida de ser privado de su libertad en un centro penitenciario, advirtió el CONADEH.
“Tengo mi conciencia tranquila”, dijo Romero en una entrevista telefónica con EL UNIVERSAL el pasado lunes. “Mi estado de ánimo está muy elevado y es que el me dicta mi conciencia, con toda la honestidad. Estoy pagando la factura de la amenaza de ir a la cárcel por el simple hecho de publicar la verdad y dársela a conocer a los hondureños, ante un régimen corrupto”, afirmó.
El gobierno de Honduras alegó en una declaración que emitió el martes de esta semana que la situación de Romero “no es un asunto de libertad de expresión”.
“En Honduras nadie está por encima de la ley, este es un Estado de derecho y cada poder del Estado hace su parte”, recalcó.
La corrupción. Romero fue condenado en marzo de 2016 por destapar en 2014 un millonario fraude a la seguridad social que tocó redes sensibles en la primera gestión presidencia de Hernández, de 2014 a 2018, y golpeó a la Fiscalía General de ese país.
Pese a que el periodista apeló, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró sin lugar el recurso de casación el pasado 11 de enero, por lo que un juzgado hondureño emitió el 14 de este mes la orden de aprehensión.
Frente a ese panorama, Romero anunció a mediados de este mes que escogió el camino de la clandestinidad para huir de la sentencia y preservar su libertad. Sin embargo, el periodista llegó el lunes a Radio Globo y anunció en una emisión radiofónica que sería capturado por efectivos de la Policía Nacional de Honduras.
Con 77 periodistas hondureños asesinados en Honduras de 2001 a 2019, a un promedio de más de cuatro por año y con la mayoría de culpables materiales e intelectuales protegidos por la impunidad, el peligro de muerte y la constante hostilidad sobrevuelan en la vida cotidiana de los comunicadores sociales de ese país, uno de los más violentos de Centroamérica.
El caso. Romero fue juzgado desde agosto de 2015 en un tribunal de Tegucigalpa por una serie de demandas de injurias, calumnias y difamación, por desnudar los secretos del millonario fraude a la seguridad social, en un caso que afectó a toca redes partidistas afines al presidente Hernández y a la Fiscalía General.
Romero fue acusado por la abogada hondureña Sonia Gálvez de Cuéllar, esposa del fiscal general adjunto de Honduras, Rigoberto Cuéllar.
La acusación surgió porque el periodista reveló una supuesta cadena de tráfico de influencias de Hernández y del gobernante Partido Nacional (PN) en el Ministerio Público con un despacho de abogados al que pertenece la querellante, para detener el trámite y silenciar un escándalo por una defraudación de más de 350 millones de dólares de 2010 al 2014 en el (estatal) Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El comunicador descubrió una colección de cheques que habría surgido del fraude al IHSS y que aparentemente fue girada a favor del PN, para supuestamente financiarle las campañas internas y nacionales de 2013 que culminaron con el triunfo de Hernández en su carrera a la Presidencia para asumir en enero de 2014, en un segundo cuatrienio consecutivo del PN desde enero de 2010, cuando asumió el entonces presidente Porfirio Lobo.
Hernández reconoció que algunos de esos fondos surtieron su campaña electoral, pero advirtió que en su gobierno “nadie” compró impunidad.
