Alejandra Barrales
La impunidad y normalización de la exacerbación de las violencias hacia las
niñas, adolescentes y mujeres es lo que nos ha llevado a que se registren
feminicidios como el de Ingrid y Vanessa, en el que sus parejas sentimentales,
con un grado de violencia extrema les arrebataron la vida en plena Ciudad de
México.
Los feminicidios de Ingrid y Vanessa se registraron en céntricos condóminos de
la segunda metrópoli más grande a nivel mundial, en la que sus vecinos
refirieron haber escuchado discusiones y gritos, pero que no fueron suficientes
para que alertaran a las autoridades.
Esa normalización de la violencia evidenció la indiferencia y falta de empatía
social frente a las violencias de género que las niñas, adolescentes y mujeres
viven día a día en cualquier lugar del territorio nacional.
Pero Ingrid y Vanessa no sólo fueron víctimas de sus feminicidas, sino que
fueron revictimizadas al darse a conocer las fotografías de las escenas de los
crímenes en las redes sociales y por el tratamiento informativo de algunos
medios tradicionales.
La filtración de las fotografías de la escena del crimen refleja la corrupción
de las corporaciones policiales, pero también la ausencia de la perspectiva de
género en quienes investigan e integran las carpetas judiciales.
El feminicidio de la modelo brasileña, Vanessa, se conoció porque la familia lo
denunció en medios de Brasil. Sucedió el 1 de febrero, de acuerdo con los
familiares, alrededor de las 6:50 de la mañana su pareja sentimental la arrojó
desde el departamento que habitaba. Ella cayó unos seis metros.
Familiares y amigos, han señalado a Eugenio N, empresario vinculado a empresas
de tecnología como Performance Talent Consulting Internationa, como el agresor
de la modelo brasileña de 33 años de edad. Afirman que hay imágenes de las
cámaras de seguridad del edificio, en las que se ve al empresario saliendo del
lugar, en automóvil, poco después de la muerte de Vanessa.
Una vez más, como en el caso de Abril Pérez Sagaón, el agresor está plenamente
identificado, pero la fiscalía ha mostrado incapacidad para detenerlo, al día
de hoy no ha sido localizado.
El Fiscal General de la República, reconoció que de los 33 millones de delitos
que se cometieron en 2019, el 99% quedaron impunes, situación que se replica en
los delitos de las violencias de género.
Es la impunidad y la falta de los lentes de género en la procuración y
administración de justicia lo que explica el por qué, de acuerdo con
estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, el feminicidio ha registrado un incremento del 137% en los últimos
cinco años.
En 2019 se cuantificaron casi tres mil muertes de mujeres, pero sólo mil seis
casos fueron clasificados como feminicidio.
El homicidio de una mujer no siempre es un feminicidio, pero es importante que
por protocolo se investigue como tal para después descartarlo como una línea de
investigación y con ello combatir la impunidad y la vulneración de los derechos
de las víctimas.
Se debe mantener el tipo penal de feminicidio porque visibiliza la violencia
que sufrimos las mujeres y nos enruta hacia su erradicación.
Debemos recordar que la inclusión del tipo penal “feminicidio” en el
Códigos Penales Federal y Estatales es una de las conquistas más significativas
en la lucha de las mujeres para erradicar todas las formas de violencia contra
la mujer en el mundo.
Está sustentada, en recomendaciones, convenciones, protocolos e instrumentos
internacionales y nacionales.
Se deben mantener las acciones afirmativas, pero también avanzar en el
establecimiento de políticas públicas para la persecución y combate de este
flagelo.
Estamos frente a una estrategia fallida de seguridad, por ello la ruta debe ser
el fortalecimiento del Sistema de Justicia mexicano, para responder con empatía
y sensibilidad ante el sufrimiento de las familias, ante una realidad en la que
cada día a 10 niñas, adolescentes y mujeres les es arrebatada la vida de una
manera más atroz.
Twitter: @Ale_BarralesM