Por Teodoro Rentería Arróyave
“Daño moral” y persecución fiscal, elementos de censura en Puebla
El siguientes es el COMUNICADO CONJUNTO, sintetizado, del gremio periodístico organizado de México, cuyo título ilustra esta entrega:
Ante la denuncia pública que han realizado de manera conjunta los periodistas Rodolfo Ruiz Rodríguez y Carolina Fernández, responsables de los medios digitales “e-consulta” y “El Popular”, respectivamente, en el sentido de ser víctimas de persecución política como respuesta a su labor informativa crítica, libre e imparcial, por parte de las autoridades estatales de Puebla, las agrupaciones gremiales Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A. C., FAPERMEX, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, manifiestan su rechazo a cualquier intento de censura e intimidación contra los colegas, sus medios y sus familias.
Exigimos la intervención inmediata de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de la Primera Visitaduría, para profundizar en el tema y emitir la Recomendación oportuna.
Solicitamos del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, su intervención a través del diálogo con el Ejecutivo de Puebla y su acercamiento con los colegas comunicadores, ante la grave situación por la que cruzan y que de concretarse alguna sanción, es amenazante de la Libertad de Expresión y del Derecho a la Información en toda la nación.
La FAPERMEX y el CONALIPE hacen suyo el Desplegado publicado el fin de semana en varios medios y se suman como firmantes del mismo:
“El ejercicio de la libertad de expresión es imprescindible para refrendar la legitimidad de las acciones de un gobierno democrático. Ese derecho fundamental es la primera línea de defensa con la que cuenta la sociedad mexicana contra las acciones de un gobierno despótico.
Puebla ha sido testigo de las prácticas autoritarias cometidas por los gobernadores a lo largo de largas décadas. Políticos que con el poder absoluto, sin contrapesos en los poderes legislativo y judicial, han hecho un uso faccioso de los instrumentos del Estado a cargo del ejecutivo; mandatarios intolerantes, acostumbrados a aplicar la mordaza y la persecución judicial como una forma de control del periodismo crítico independiente. Tal ha sido la condición histórica de la prensa en Puebla.
Los hechos recientes de acoso judicial y administrativo contra los medios de consulta, dirigidos por Rodolfo Ruiz Rodríguez y El Popular, encabezado por Carolina Fernández, reconocidos por su línea editorial independiente y crítica, confirman que el gobierno de Miguel Barbosa Huerta sigue los pasos lamentables de sus antecesores: una visible estrategia de ataques, hostigamiento y desgaste contra ambos medios informativos que, como lo ha confirmado la organización Artículo 19 en una investigación sobre los ataques a la libertad de expresión en Puebla, han sido objeto de descalificaciones y campañas de desprestigio, bloqueos informativos y publicitarios, embestidas digitales y persecuciones judiciales. Y ahora, por la vía de la auditoría fiscal, un intimidatorio hostigamiento administrativo.
A todas luces se trata de una campaña orquestada en contra de dos medios reconocidos por su postura crítica frente al gobierno de Miguel Barbosa.
Frente a los excesos del poder, no podemos permanecer en silencio, ni los medios locales y estales ni la FAPERMEX ni el CONALIPE.
Inician la lista de dirigentes firmantes: Por FAPERMEX, Juan Ramón Negrete Jiménez y Óscar Alvizo Olvera, presidentes del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia, respectivamente; Por CONALIPE: Maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, Vicepresidente y el autor, Secretario de Desarrollo Social de FELAP.
