Diciembre 8, 2021
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DESDE LAS ALTURAS

Por: Arturo Albíter Martínez

  • Secretaría de Finanzas debe hacer su trabajo; el 50% de las empresas no pagan impuesto sobre la nómina.
  • El Gobierno del Estado deja de recibir entre 13 y 15 mil millones de pesos que bien podrían servir para mejorar la infraestructura de carreteras y parques industriales, afirma Laura González.
  • Los 20 municipios con la economía más alta en la entidad no tienen métodos adecuados de cobrar impuestos como el predial. En cambio afectan negocios y empresas formales con multas.

Uno de los problemas que enfrenta el Gobierno del Estado, es que el presupuesto será insuficiente para cubrir todas las necesidades que se tienen, y una muestra es que el paquete fiscal presentado por la administración estatal al Congreso local aumentó únicamente un 4% en comparación con el año pasado.

El incremento del 4% se encuentra por debajo incluso de la inflación, que en octubre ya alcanzaba el 6.2%, pero que a final del año podría rondar el 7.3%, incluso en el primer bimestre del 2022 llegaría hasta el 8%.

La sola inflación o el aumento de precios, se comería el incremento del presupuesto, y además se debe tomar en cuenta que dejaría de recibir los 3 mil 400 millones que tanto hemos comentado debido a la población que se anota en el Censo de Población y Vivienda y por el cual existe una controversia Constitucional.

Si se toma en consideración que esos recursos representan sólo el 1% del presupuesto total, sin duda son de gran ayuda, de lo contrario, la administración estatal no estaría peleando y peleándose con el INEGI por lo que les quitan.

FALTA DINERO, PERO EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS SON INEFICIENTES COBRANDO IMPUESTOS.

Parece sencillo pelearse con el INEGI y dejar de hacer su trabajo en lo que se refiere a la recaudación, específicamente en la Secretaría de Finanzas comandada por Rodrigo Jarque.

Y es que si bien ya se tienen pláticas adelantadas y es posible que pronto se den a conocer algunas acciones al respecto, lo cierto es que hasta el momento el impuesto sobre la nómina no se cobra a todos los empresarios por igual.

El dedo en la llaga lo puso la misma presidente del Consejo Coordinador Empresarial en el Estado de México, Laura González quien demandó que la administración estatal haga un mejor trabajo cuando se trata de cobrar ese impuesto.

Aproximadamente el 50% de los empresarios cumplen con la obligación y regularmente son las unidades económicas grandes y medianas.

En este momento comentó la lideresa, se cobran por el concepto de impuesto sobre la nómina alrededor de 13 mil millones de pesos anuales, pero la cantidad podría aumentar entre 13 y 15 mil millones si el Gobierno estatal hiciera un mejor trabajo en este sentido.

Entonces, todo parece indicar que el mandatario prefiere pelearse con el organismo encargado de dar a conocer cifras de población y economía que poner a trabajar a su equipo de colaboradores para que cobren cinco veces más de lo que están peleando con la controversia constitucional.

Porque además, Laura González sostuvo que muchas empresas y negocios ni siquiera saben que tienen que pagar ese impuesto, o sea que no tienen ni un programa para hacerle saber a ese 50 por ciento de empresarios que tienen esa obligación.

LOS MUNICIPIOS ESTAN PEOR

Pero si eso pasa con el Gobierno del Estado, la situación es peor en los municipios, ya que sólo por mencionar un caso, el impuesto predial se cobra de forma ineficiente.

Los 20 Ayuntamientos con la economía más importante en la entidad no cobran ese impuesto por lo que dejan de cobrar alrededor de 4 mil 500 millones de pesos.

En cambio prefieren salirse de la norma y piden prestado o adquieren a crédito bienes y servicios a proveedores cuando saben que no les será sencillo pagarles al final de la administración.

Tal y como ocurre en este momento, cuando tienen serios problemas, incluso para pagar la nómina a sus trabajadores o como en el caso de Toluca que seguramente se verá imposibilitado para pagar los aguinaldos en su totalidad.

AUTORIDADES PRESIONAN A LOS NEGOCIOS FORMALES

Por si lo anterior no fuera poco, tanto Laura González como Jorge Pedraza de Canaco denunciaron que las autoridades tanto del orden estatal, pero sobre todo el municipal se han dado a la tarea de presionar a los establecimientos formales.

Incluso en plena pandemia, en lugar de brindar apoyo cuando encontraban alguna inconsistencia al momento de realizar el protocolo de salud, les aplicaban multas, una por ejemplo de 800 mil pesos que obligó a un empresario a cerrar las puertas de su negocio.