IMPULSO/ María Elena Morera
Antes de terminar el año 2019, el presidente López Obrador presentó en una de sus conferencias de prensa matutinas los supuestos resultados en materia de seguridad pública. En ella se volvió a hablar de un cambio de estrategia, que consiste esencialmente en atacar lo que se considera son las causas de la inseguridad, en el despliegue de la Guardia Nacional, y la realización de mesas de seguridad diarias en todos los niveles de gobierno. Como punto de partida, necesitamos contrastar estos enunciados con la realidad:
El secretario de Seguridad Pública informó sobre los datos de incidencia delictiva, entre los cuales destaca la tasa de crecimiento de homicidios, que equivale a 0.1% de enero a noviembre del 2019, y que sería menor si se compara con las tasas de crecimiento de años pasados en los mismos periodos de tiempo. Lo que preocupa es que esta cifra sea presentada como un “punto de inflexión”. Es cierto que el aumento se ha desacelerado, pero los asesinatos siguen aumentando y cerramos el año con un número cercano a los 40 mil (tomando en cuenta el incremento promedio que apuntan las cifras del Inegi para cada año). Nos encontramos ante el nivel más alto de asesinatos del que tengamos registros; un grave llamado de atención para nuestras autoridades y sociedad.
Por otro lado, los datos sobre el despliegue operativo de la Guardia Nacional denotan un lentísimo proceso de reclutamiento. El gobierno reconoció que hay un déficit de policías en los estados, e incluso se mencionó que no se alcanza un supuesto “estándar internacional” que no es tal, sencillamente porque no puede haber un estándar en esta materia debido a los contextos de cada país. El problema, en todo caso, es que no conocemos ningún plan para incrementar el número de policías y, sobre todo, para fortalecer a las corporaciones. La Federación y los gobiernos locales tienen olvidadas a todas las policías del país y, sin ellas, no hay posibilidad de que enfrentemos la violencia. ¿De qué sirve una Guardia de 70 mil efectivos, que de todas maneras ya se encontraban en su mayoría desplegados como militares, si no hay un proyecto integral para desarrollar las capacidades de inteligencia y de proximidad social que deben caracterizar a cualquier cuerpo policial?
Por otra parte, se da una inexplicable importancia a las “mesas de seguridad”, a las que supuestamente deben asistir los gobernadores y sus gabinetes. Desde luego que los ejecutivos estatales deben abocarse de lleno a atender la inseguridad en sus estados, pero ese compromiso no puede medirse por las asistencias a determinadas reuniones. Si por el número de reuniones fuera, México ya sería un país seguro. Reunirse para lo que sea no puede ser un indicador de seguridad, ni de eficiencia, para ningún propósito; y estas acciones no tendrían que presentarse en sí como una estrategia. La manipulación de datos tampoco terminará con el problema que, sabemos, nos está rebasando.
La solución es contar con una estrategia de seguridad pública, que se traduzca en presupuestos reales, y con definiciones claras para enfrentar a la delincuencia. El punto de partida es informar con la verdad, empezando por el hecho de que la mayoría de los delitos no se denuncian y mucho menos se investigan; y reconociendo que debe diseñarse y poner en marcha, con carácter de urgente, un plan de reconstrucción de nuestras policías. En este año nuevo, tenemos tiempo para tomar un camino diferente y atender estos retos, reconociendo la crisis que enfrentamos y trabajando de la mano para crear capacidades institucionales indispensables. Por un 2020 de menos discursos y más acción: por ahí podríamos empezar.
Twitter: @MaElenaMorera
: El gobierno reconoció que hay un déficit de policías en los estados, e incluso se mencionó que no se alcanza un supuesto “estándar internacional” que no es tal, sencillamente porque no puede haber un estándar en esta materia debido a los contextos de cada país.
