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¿Asfixiar la filantropía? IMPULSO/ Jesús Reyes Heroles La velocidad de las acciones del nuevo gobierno es tal que, con frecuencia, muchas pasan desapercibidas, a pesar de su trascendencia. Una excepción son dos notas de EL UNIVERSAL del 13 y 14 de mayo. Se refieren a la visión del presidente López Obrador y algunos de sus colaboradores acerca de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s), sobre las cuales AMLO ha expresado aversión. Desde su campaña expresó "le tengo mucha desconfianza a todo lo que llaman sociedad civil". Como presidente, ha reiterado su desconfianza, al afirmar que son instrumentos de los "ricos", que realizan labores sociales que, a su punto de vista, corresponden al gobierno, no a particulares. Consecuente con lo anterior, el gobierno ha iniciado diversas acciones para limitar las OSC, sin distingos o excepciones pues, como acostumbra generalizar, sitúa a todas esas organizaciones bajo la misma crítica: invasión de facultades del gobierno, y corrupción. A partir de esa actitud y visión, una vez más viola la ley, pues existe un amplio marco normativo e institucional acerca de las OSC’s. Primero, la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por OSC’s, la cual señala que las dependencias y entidades públicas fomentarán las actividades de las OSC’s, mediante apoyos y estímulos; promoverán su participación en los órganos, instrumentos y mecanismos de consulta; establecerán sistemas de información; concertarán y coordinarán las acciones; y darán acceso a incentivos fiscales, entre otras funciones. Eso dice la Ley. Segundo, existe y funciona el "Registro Federal de las OSC’s", donde se inscriben aquéllas que cumplan los requisitos establecidos. Tercero, por si eso no fuera suficiente, se mandata un "Informe anual de las acciones de fomento y de los apoyos y estímulos otorgados por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a OSC’s". El padrón total nacional de OSC’s asciende a 22,508. En su versión más reciente, dicho informe detalló que, en 2018, recibieron apoyos 2,656 organizaciones. En eso se erogaron 6,600 millones de pesos, en promedio, 2.5 millones por organización. En febrero, AMLO dispuso suspender la transferencia de recursos públicos a las OSC’s, como si pretendiera extinguir la filantropía, o sea, la "ayuda desinteresada a los demás". Todo este asunto tiene connotaciones ideológicas relevantes. En primer lugar, una política de "no apoyo" gubernamental (fomento) a las OSC’s acota el espacio de la actividad filantrópica de los particulares a cambio, en principio, de una mayor intervención del gobierno. Esto supone que éste tiene recursos y capacidades suficientes para prescindir de los esfuerzos y aportaciones de los particulares, lo que no aplica en México debido a su precariedad fiscal. En la reflexión global sobre la filantropía, se debate también si los ciudadanos pueden determinar, hasta por cierto monto de sus impuestos, el destino al que desean canalizar esos recursos. Por qué aportarlos a la "bolsa general" del erario, lo que deja al gobierno determinar qué se apoya y qué no, cuando los ciudadanos pueden tener preferencias específicas distintas (combatir el cáncer, el SIDA, la pobreza extrema, etc.). Además, se reconoce que existen ciertas actividades de apoyo a la población más vulnerable que el gobierno no puede realizar, o lo hacen a un costo superior y con menor eficacia que si lo hacen OSC’s, más cercanas a las comunidades y sus problemas. La amplitud de la crisis detonada por la nueva política establecida por AMLO es la prueba contundente de las múltiples actividades en que OSC’s concurren para complementar las políticas públicas de bienestar. Eso no quiere decir que no haya, en algunos casos, yuxtaposición con actividades que correspondería realizar al gobierno, tampoco que no incidan intereses no justificables, ni que no haya corrupción en un subconjunto de esas organizaciones. De nuevo, al no hacer diferenciaciones, y adoptar disposiciones generales como remedio para casos específicos, muchos mexicanos resultan afectados sin necesidad. Debe lamentarse que las propias OSC’s no hayan desarrollado un sistema de auto-regulación para evitar esas deficiencias. La política del gobierno hacia las OSC’s es un asunto de la mayor trascendencia y significado. AMLO ha advertido que considera incluso eliminar el mecanismo que permite que las OSC’s expidan recibos deducibles de impuestos. ¿Es posible asfixiar a la filantropía?

Agobiante frenesí

7 de febrero, 2019

IMPULSO/ Jesús Reyes Heroles G.G.

Analista Político

Los anuncios y las acciones de políticas públicas se dan a una velocidad vertiginosa. Así construyen una versión dura del acontecer nacional, que inicia cada día a temprana hora y, en ocasiones, es rebasada por información durante las próximas horas.

Desde que se publicó mi colaboración anterior, es mucho lo sucedido; una muestra de esto es: I) el aumento de homicidios (en diciembre de 2018 se registraron 10.3% más homicidios dolosos que en diciembre de 2017) (jueves); II) el número de muertos en Tlahuelilpan aumentó, para alcanzar 117 (martes); III) su presidente municipal declaró que la presencia de todas esas personas para robar combustible del ducto respondía a sus insatisfactorias condiciones de vida -pobreza que justifica delito- (miércoles); IV) las asignaciones directas del servicio de distribución de tarjetas para el pago de transferencias; V) por recorte presupuestal, el Inegi dejará de levantar 14 encuestas fundamentales (viernes); VI) se conoce la posición de México frente a la situación en Venezuela (sábado); VII) se intensifican las vacilaciones en torno a la Guardia Nacional (lunes); VIII) la reducción de la calificación de Pemex por parte de Fitch (martes) y la subsecuente descalificación de las calificadoras por parte del presidente López Obrador.

  1. IX) Se anuncia la compra de pipas sin licitación en Estados Unidos de América, con especificaciones insuficientes; X) el numeroso tránsito de migrantes centroamericanos por México y la permanencia de varios miles en el territorio nacional; XI) la declaración de que se había terminado la guerra contra el crimen organizado (miércoles); XII) la descalificación del estudio del IMP sobre la inviabilidad de la refinería en Dos Bocas, y la “coincidente” separación de su Director General; XIII) el despido del recientemente nombrado Director de Pemex Exploración y Producción, a raíz de un proceso de “selección” deficiente, que no identificó su presunta participación en un esquema tipo “Estafa Maestra” (jueves); XIV) las heterogéneas características y contenidos de las declaraciones patrimoniales de servidores públicos; XV) la renuencia de algunos a presentarlas completas o a divulgarlas, y la “omisión” de propiedades en algunas; XVI) las concesiones a la CNTE para que desbloquearan las vías férreas, a cambio de significativos pagos por la extorsión que representaron los bloqueos (viernes); XVII) la divulgación de los 22 tipos de remuneraciones que reciben los maestros del CNTE, entre los que se encuentra, por ejemplo, el “bono de ajuste”.

XVIII) Que la secretaria Nahle se quede colgada de la brocha por hablar de fracking, igual que antes Alfonso Romo por el NAIM; contradicciones numéricas entre los datos mañaneros y los de fuentes públicas; XIX) la publicación de que durante 2018 Pemex presentó 13,560 denuncias por delitos relacionados con robo y venta ilegal de combustibles, y que de esas sólo 2,344 personas fueron aprehendidas (17.2%), y sólo 42 fueron sentenciadas (0.3%); XX) la defensa de una terna para ministra de la Suprema Corte, de la cual ninguna es de excelencia; las críticas a ex presidentes por sus ocupaciones años después de dejar la presidencia (lunes). Este es un rápido recuento de lo acontecido en sólo 14 días. Para unos, esto es motivo de esperanza, mientras que para otros de gran preocupación. El tiempo dirá.

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