- La especialista de la Unidad de Igualdad de Género de la Codhem, Ana Karen Vargas Esquivel, señaló que se carece de políticas púbicas que instaure la perspectiva de discapacidad.
En nuestro contexto social prevalece la carencia de políticas públicas transversales que instauren la perspectiva de discapacidad en todas las actividades; lo cual ha creado un “círculo vicioso de exclusión y vulnerabilidad”, más aún si se trata de mujeres, porque padecen más pobreza, desempleo, precariedad laboral y discriminación, sostuvo la especialista de la Unidad de Igualdad de Género de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Ana Karen Vargas Esquivel.
Durante la videoconferencia “Discriminación múltiple de las mujeres con discapacidad”, organizada por la Codhem, resaltó que los discapacitados, en general, perciben menos ingresos por las mismas actividades que las personas que no están en esa condición.
De los discapacitados que participan en una actividad económica 68% son hombres y 32% mujeres. “Ellas tienen una participación económica menor, por debajo de la mitad, respecto a los hombres y perciben ingresos más bajos que no rebasan los dos salarios mínimos en la mayoría de los casos”, destacó la especialista, tras señalar que esa situación incide en una brecha de 11.3 puntos porcentuales a favor de los hombres.
En lo que respecta a la escolaridad, refirió que se estima que en el mundo hay 100 millones de menores que no reciben educación, de los cuales alrededor de 40 millones tienen una discapacidad (motriz, visual, intelectual o trastornos). La realidad es que, en países como México, la mayoría de las escuelas no tienen las condiciones mínimas satisfactorias de accesibilidad en sus inmuebles e instalaciones.
Se carece de políticas de cuidados, acceso a servicios públicos, mercados laborales y educación, todo lo cual conduce a la exclusión social.
Aunado a ello, subrayó que la mayoría de los profesores no tienen las habilidades necesarias para trabajar con menores con discapacidad física, cognitiva, sensorial o intelectual.
Al referirse al acceso a la salud, indicó que no sólo es la carencia en los servicios, sino que también prevalecen las “barreras actitudinales”, porque los centros de salud pueden parecer neutrales, pero son discriminatorios y marcan diferencias significativas entre hombres y mujeres.
Insistió en que existe una escasez de políticas de cuidados; además la falta de acceso a los servicios públicos, mercados laborales y educación conduce a la exclusión social de estas personas. El problema, dijo, es que esa exclusión orilla a la pobreza y, con ella, habrá mayor discapacidad, lo cual aumenta la vulnerabilidad, la mala nutrición, la enfermedad, el desempeño educativo y las condiciones de trabajo poco favorables.
En suma, enfatizó que existe una responsabilidad de la sociedad y del Estado para que se establezcan políticas públicas que permitan erradicar esa discriminación múltiple que viven los discapacitados y en especial las mujeres.
