Alejandra Barrales
El feminicidio, es un fenómeno complejo que presenta variación en el tiempo y en el espacio, en 2019, una de cada cinco mujeres, niñas y adolescentes fue asesinada en áreas deportivas, granjas, zonas comerciales, centros de recreo, escuelas y centros de trabajo, lo que visibiliza que la violencia feminicida lejos de frenarse, se expande en el espacio público.
De acuerdo con el estudio La violencia feminicida en México: aproximaciones y tendencias, coordinado por ONU Mujeres México, en 2019, los homicidios dolosos contra mujeres cometidos en la vía pública fue del 52 por ciento del total, de los cuales el 4.5 por ciento correspondieron a mujeres jóvenes, de entre 20 y 24 años de edad.
Los estados del país con el mayor número de muertes de mujeres con presunción de homicidio doloso por cada 100 mil, fueron Colima, con 20.3 por ciento; Chihuahua, con 14.1; Baja California, con 13.6; Guanajuato, con 12.3; y Guerrero, con 9.9 por ciento. Los municipios más peligrosos fueron: Salamanca, Uruapan, Tijuana, Ciudad Juárez, Celaya, Irapuato y Acapulco.
El estudio arrojó que a partir del incremento de armas de fuego disponibles en el país, también se registró un incremento de su uso en la violencia contra las mujeres, lo que evidencia la urgencia de fortalecer una política de incidencia delictiva y contra la proliferación de armas con perspectiva de género.
El uso de armas de fuego en los homicidios contra mujeres cometidos en la vivienda, registraron un incremento del 13.4 por ciento anual entre 2014 y 2019; en tanto, los cometidos en la vía pública, fue del 18.2 por ciento anual.
En 2019, del total de homicidios contra niñas, adolescentes y mujeres, el 57 por ciento se cometió con arma de fuego, porcentaje que durante el primer semestre de 2020, fue del 73 por ciento, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sabemos que la impunidad abona a la persitencia y crecimiento del feminicidio, además de que neutraliza, pervierte e impide el acceso de la justicia a las mujeres. Las cifras de impunidad son alarmantes, de acuerdo con los datos reportados por las fiscalías estatales, en 2019 en Guerrero, quedaron en la impunidad el 93. 8 por ciento de los feminicidios; en Jalisco, el 86.7 por ciento; en Colima, el 66.7 por ciento; y en Nayarit, el 60 por ciento.
Para reducir la impunidad, en 2018 el Comité de la CEDAW, señaló la necesidad de homologar a nivel local todos los tipos de violencia contra las mujeres, incluido el feminicidio y las violencias feminicidas contempladas tanto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como en el Código Penal Federal; así como homologar los protocolos de actuación de las instituciones de procuración y administración de justicia, acciones que están presentes en los discursos, pero no en la cotidianidad.
Es urgente e inaplazable que los gobiernos estatales fortalezcan y articulen mejor las políticas públicas para prevenir la violencia y lograr un mayor empoderamiento y autonomía económica de las mujeres; así como para eliminar los riesgos que ellas enfrentan cada vez más en los espacios públicos.
Debemos tener claro que solo se podrá combatir la violencia feminicida si trabajan, de manera conjunta y coordinada, las diversas instituciones del estado, de los tres niveles de gobierno, con la sociedad civil, el sector privado y la academia, de lo contrario, seguiremos viendo como cada año crece de manera sostenida el feminicidio, crecimiento que en los últimos cinco años ha sido del 137 por ciento.
Maestra en políticas públicas.
Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM)
