Martí Batres
El Instituto Nacional Electoral intenta suspender las conferencias de prensa mañaneras que ofrece el Presidente de la República. El titular de ese organismo aseguró que deben dejar de transmitirse debido al inicio de las campañas porque así lo establece la Ley.
Sin embargo, la verdad es otra. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: “Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.
Y el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice lo siguiente: “Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público.
Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.
Esto es lo que ordena la Ley. ¿Dónde dice que debe suspenderse la información de los gobiernos? ¿Dónde dice que están prohibidas las conferencias de prensa que realicen los servidores públicos?
Hay un principio legal que dice que donde la ley no distingue no ha lugar a distinción. Pero, más allá del principio formal, sería completamente absurdo que un gobierno, que un gobernante, no informe a la sociedad. Pero sería más absurdo aún que en una época de pandemia como la que estamos viviendo, gobiernos, gobernantes y servidores públicos guardaran silencio.
La ley sólo restringe dos cosas: el uso de los recursos públicos para apoyar a algún partido político y la propaganda general de cualquier ente público durante el tiempo que duren las campañas.
Pero incluso, la propia ley establece las excepciones en el caso de la propaganda gubernamental y la autoriza sobre temas de salud, protección civil y educación.
Es decir que el gobierno de la República perfectamente puede, en el marco legal, hacer conferencias de prensa, informar e incluso a hacer campañas sobre temas de salud durante las campañas electorales.
Lo que pretende el INE es completamente absurdo. Si las conferencias de prensa fueran propaganda ningún servidor público, así fuera Presidente, gobernador, ministro, alcalde u otro, podrían hacerlas, pues la ley restringe la propaganda de todo “ente público”.
La ley permite que el Presidente haga conferencias de prensa, y que estas se transmitan, es decir, que informe. El Presidente tendrá que seguir informando. Y qué bueno que lo haga, más aún en esta coyuntura. Por cierto, con un gran mérito a su favor: se acabó el “chayote” que se entregaba desde la Presidencia, ya no se paga por debajo de la mesa a periodistas y a medios para que difundan favorablemente lo que dice el Presidente. La información ya se divulga en un marco de libertad por parte de los medios de comunicación. El Presidente ya no tiene garantizado que los medios repitan acríticamente lo que dice.
Senador de la República
