Mtro. Marco A. Rodríguez Blasquez
En el presente artículo expongo los dos criterios que se contraponen en la consulta llevada a cabo en Mexicali el pasado sábado y domingo. La empresa contratada por la Secretaría de Gobernación para llevarla a cabo, detalló que el 22.32% votó por que se termine de construir la planta y el 73% no desea que se termine de construir, resultando de dicha consulta la caída del 11% en las acciones de la empresa cervecera cuya firma comercializa en E.U. las marcas del grupo Modelo.
Constellation que cuenta con dos plantas en Mexico, ubicadas en Cd. Obregón y Nava, Coahuila, desde el pasado 2016 anunció una inversión en Mexicali para construir la planta de 1,400 mdd, de los que ya se han ejercido 700mdd, y ante la suspensión de la obra, organismos empresariales han manifestado su total desacuerdo, argumentando que la encuesta estuvo plagada de irregularidades y que no es posible que únicamente por solo 34,460 cachanillas que votaron se decidiera no continuar con este proyecto, lo que en opinión de los empresarios sentará un precedente de incertidumbre para futuras inversiones en el país.
En este enfoque, Carlos Salazar Lomelín, dirigente del organismo cúpula, que es el Consejo Coordinador Empresarial, criticó al gobierno federal por no entregar los permisos que previamente y en base a la normatividad habían sido autorizados, violentando así la legalidad y el estado de derecho, por lo que no solo se tendrán que pagar los daños y perjuicios a la empresa cervecera por la decisión del gobierno, sino también la inversión de 700 mdd que Constellation a la fecha ha realizado. De igual manera se ha sumado al CCE, la COPARMEX, que dirige Gustavo de Hoyos, quien capitaliza la inconformidad de los empresarios a fin de lograr su apoyo en su reelección del organismo.
Ante la decisión de cancelar la contrucción de Constellation, se ha desatado la molestia e incertidumbre del sector productivo, a lo que se suma y muy lamentablemente la baja calificación soberana a México y a PEMEX por Estándar & Poor’s, calificación que en opinión de los analistas financieros se da por la incapacidad de este gobierno para implementar medidas, que en lugar de generar confianza ante las crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, envían un mensaje de incertidumbre al sector productivo y a la población en general.
El otro enfoque sobre la cancelación de la obra, se remonta a las protestas que se originaron durante la pasada administración federal por parte de distintas organizaciones no gubernamentales y ciudadanos cuyo argumento es, que en la instalación de Constellation para producir cerveza, se tendrían que destinar cantidades importantes de agua, recurso natural necesario para todo ser vivo. En esta postura de la comunidad disidente, argumentan que los constantes cambios en la naturaleza y el ambiente, ponen en riesgo el acceso al agua de una parte de la población mundial.
En mi opinión el argumento central para dicha suspensión es de carácter ambiental, en términos de lo cual se aplica el principio precautorio para evitar un daño irreparable en materia ambiental. Al respecto considero trascendente incluir en el debate las siguientes consideraciones:
1) Las acciones colectivas están contempladas desde el año 2010 en la reforma al código civil federal, y solamente pueden presentarse en materia de derechos del consumidor y en materia ambiental.
2) Cada vez veremos con mayor frecuencia este tipo de casos, en donde se enfrentan dos tipos de razonamiento: el razonamiento de los derechos colectivos- ambientales de la ciudadanía, y los derechos económicos de las empresas; serán más frecuentes porque las exigencias para mitigar y adaptarnos al cambio climático, serán cada vez más imperativas. Ante este escenario tendremos que reflexionar si la apuesta por un desarrollo sin crecimiento ni compromiso social, será sostenible en este nuevo siglo, por lo que tanto la ciudadanía, el sector productivo y el gobierno tendrán que hacer el máximo uso de sus capacidades intelectuales, pero aún más importante su creatividad y frialdad para asumir nuevos escenarios, con responsabilidades y derechos mejor repartidos.
En el supuesto que este caso de la planta cervecera escalara al poder judicial, se tendría que analizar la legalidad y legitimidad de los permisos otorgados con base en los análisis de riesgos que se hayan hecho para la celebración del contrato. Y ahí seguramente la autoridad judicial pudiera declarar una suspensión provisional o definitiva, para evitar posibles daños a la población en el acceso al agua.
En el Poder Judicial este tipo de demandas de derechos colectivos está sustentada en la reforma al código civil federal. Ante una demanda colectiva en el 2013, en donde participaron 300 ciudadanos, incluidas ONGs, artistas y científicos entre otros, en su calidad de consumidores de maíz criollo, lograron de un juez federal la suspensión de todos los permiso otorgados por el gobierno para el desarrollo de cultivos de maíz transgénicos en el país. A la fecha se encuentra la resolución definitiva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En mi opinión el desenlace de este tema, y otros más que están en la agenda de la 4-T, permiten visualizar prospectivamente las verdaderas intenciones de este gobierno. Por tal motivo y a fin de tener mayor información de lo que verdaderamente subyace en la cancelación de esta importante obra, me dí a la tarea de establecer comunicación con algunos amigos de Tijuana y Mexicali, a quienes traté hace algunos años en mi permanencia en ese Estado, y quienes están al tanto de este tema. La información obtenida la compartiré en la próxima publicación.
Director de BGC Consultoría Estratégica.
