Layda Negrete
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) demanda un
proceso de reingeniería de gestión para su supervivencia y correcto
funcionamiento.
La Auditoría de desempeño realizada por la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) en el contexto de la revisión de la cuenta pública 2018, ilumina
prácticas que, de no corregirse, llevarán a la quiebra a este órgano creado
para asistir a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.
Lamentablemente, existieron malas decisiones de origen. Según el documento de
la ASF, hasta 2018, la Comisión centró su actuación pública en la asignación de
recursos económicos a víctimas. Esto por encima de la mandatada asistencia en
sentido amplio, la cual debe incluir mecanismos de protección, búsqueda de la
verdad y justicia, así como reparación integral del daño, más allá del aspecto
económico.
El documento de la ASF cuestiona la concentración de la CEAV en mecanismos de
compensación económica. Además, la propia auditoría reprueba que las
mencionadas asignaciones carezcan de criterios abstractos y justos que
garantizasen igualdad y proporcionalidad. La conclusión es que la asignación y
distribución de dinero como parte de la reparación del daño es totalmente
discrecional.
Las afirmaciones de la Auditoría tienen un eco en la voz de algunas víctimas
que se han acercado a la Comisión y, también en los funcionarios que heredaron
el esquema de operación del órgano. Para ellos, la asignación sin ton ni son de
los recursos económicos ha propiciado esquemas de corrupción particularmente
dolorosos en un órgano encargado de asistir a víctimas de violaciones a
derechos humanos. Son víctimas del Estado dos veces. Según estas voces, los
apoyos económicos respondían principalmente a la presión que ejercieron las
víctimas o sus abogados sobre la Comisión, ya sea a través de mecanismos
políticos o a través de agresivas estrategias de litigio. Para terminar con la
tragedia, existen indicios de que, en el pasado, funcionarios adscritos a la
Comisión ofrecían la tramitación de apoyos económicos a cambio de un porcentaje
de los mismos, recurriendo al esquema de un vulgar moche.
No sorprende que, a la luz de las prácticas anteriores, exista evidencia de una
asignación injusta de recursos del Estado. Mientras algunas víctimas reciben
apoyos económicos modestos, otras han logrado reparaciones valoradas en
millones de pesos. Esta profunda desigualdad existe, incluso, entre personas
afectadas, todas ellas, a partir de un mismo hecho de violación, lo que constata
el trato arbitrario que fomentó la Comisión.
Además de las observaciones que ha hecho la Auditoría, la CEAV ha reportado que
heredó de la administración anterior 453 amparos pendientes de resolución. La
mayoría de estos amparos incluyen pretensiones exclusivamente económicas y
millonarias que, de perderse, pondrían en una quiebra moral y presupuestal a la
Comisión.
El apoyo a las víctimas cuyos derechos humanos han sido violentados puede tener
muchas expresiones: desde la disculpa pública por parte de las autoridades,
encontrar un hogar seguro a quienes sufrieron desplazamientos forzados,
procurar apoyo psicológico prolongado, entre otras muchas formas de atención.
Sería lamentable circunscribir el papel de la Comisión a la expedición de
cheques como se ha hecho hasta ahora. Por ello, es urgente la revisión profunda
de los esquemas de gestión de la Comisión si queremos que se cumplan los
objetivos más amplios para los que fue creada.
