IMPULSO/ Agencia SUN
CDMX
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Rosario Robles Berlanga, de ejercicio indebido del servicio público al omitir informar sobre supuestos desvíos de recursos por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.
Los fiscales indicaron que durante su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles tuvo conocimiento de manera verbal y por escrito de la celebración de 27 convenios irregulares con entes públicos de otras entidades federativas.
Indicó que a pesar de ello, no informó al ex presidente Enrique Peña Nieto de dichas irregularidades, como era su obligación.
Por esto, la FGR consideró que Rosario Robles incurrió de manera dolosa y reiterada en omisiones y con el carácter de autora directa del delito de ejercicio indebido del servicio público.
“VINE A DAR LA CARA”
Como lo había anunciado, a las 10:00 horas de ayer la extitular de Sedesol, Rosario Robles Berlanga arribó al Reclusorio Sur para presentarse a la audiencia donde la Fiscalía General de la República (FGR) prevé formular imputación en su contra por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.
Robles llegó acompañada de su equipo de abogados, encabezado por Julio Hernández Barros, y de su hija, Mariana Moguel.
Robles Berlanga”Aquí estoy, vengo a dar la cara, como la he dado siempre y muy tranquila”, dijo al arribar al centro de justicia penal federal.
¿DE QUÉ VA LA ESTAFA MAESTRA?
“La Estafa Maestra” es una investigación periodística que en septiembre de 2017 reveló un escandaloso desvío de recursos durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
En dicha investigación, publicada por Animal político en colaboración con la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, se reveló una red estratégica de desvío de recursos públicos que involucraba al menos a 11 dependencias como las secretarías de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, el Banco Nacional de Obras, Petróleos Mexicanos e incluso a ocho universidades públicas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno, en el desvío de millones de pesos.
El modus operandi empleado en esta estafa consistió en la asignación de contratos de forma irregular para la realización de servicios. Once dependencias del Gobierno Federal recurrieron a ocho Universidades públicas para hacer contrataciones por supuestos servicios, mismos que la ASF comprobó, por medio de auditorías, que no se cumplieron.
Las instituciones educativas subcontrataron 186 empresas de las cuales 128 eran ilegales o “fantasma”. Estas empresas carecían de infraestructura y capital para cumplir con algún tipo de servicio.
El descubrimiento de este caso tuvo su origen en el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las cuentas públicas del gobierno federal en 2013 y 2014.
La ASF, órgano del Congreso de la Unión responsable de vigilar el uso del presupuesto federal, aportó datos sobre un sistema conformado por 128 empresas fantasma por medio de las que el gobierno federal, encabezado en ese entonces por Peña nieto, desvió más de 3 mil millones de pesos.
Por medio de 73 convenios (subcontrataciones) 11 dependencias entregaron más de 7 mil millones de pesos. Las 128 empresas fantasma, identificadas en la investigación periodística, recibieron más de 3 mil millones de pesos de recursos públicos de los cuales se desconoce en qué fueron empleados o dónde fueron a parar.
La noche de este lunes 29 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez del Reclusorio Sur una audiencia para imputar a Rosario Robles, ex titular de la Sedesol en el sexenio pasado, por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Dicha acusación, por la que la FGR busca que Robles sea vinculada a proceso, derivó justamente del caso de la llamada “Estafa Maestra”.
