IMPULSO/ Bettina Falcón Valerdi
Toluca
El grupo parlamentario de Morena sostuvo una reunión con los secretarios de Seguridad Pública; Obras y Finanzas, para conocer a detalle el financiamiento que el gobierno del estado busca a través del esquema de las Asociaciones Público Privadas (APP), para la construcción de los penales de Otumba e Ixtapaluca y la construcción y rehabilitación de mil 637 kilómetros en el sur de la entidad, el coordinador de esta bancada, Maurilio Hernández González aseguró que de ninguna manera se aprobará esta solicitud por fast track.
El legislador reconoció que aún entre los diputados morenistas surgen dudas y desconfianza sobre que el esquema APP sea el mejor método para atender estos problemas, aunque reconoció que el financiamiento para solucionar tanto el hacinamiento que viven los penales de la entidad, como el mal estado o la falta de carreteras en el sur del estado, son asuntos que los diputados deben de resolver en su carácter de cogobierno del Estado de México.
Reconoció que la reunión que sostuvieron con los secretarios del gabinete estatal es un cambio de paradigma, porque a partir de este tipo de ejercicios a los cuales no estaban acostumbrados ni los diputados, ni los representantes del poder ejecutivo, empieza la transparencia.
Pero comentó que los diputados les pidieron a los secretarios evaluar otras opciones de financiamiento, toda vez que se trata de 43 mil millones de pesos más IVA, lo que estos proyectos costarían.
Al respecto el secretario de Finanzas del gobierno estatal, Rodrigo Jarque Lira explicó que estas obligaciones no representarán una presión importante para las finanzas estatales, porque lo único que se puede considerar como deuda son nueve mil millones de pesos que se tendrán que erogar al inicio de los proyectos y que serán registrados de manera contable ante la Secretaría de Hacienda como parte del financiamiento.
En el caso de los penales, explicó, la contraprestación para operación y mantenimiento de los proyectos se pagará durante 25 años, pero la ventaja será que el gobierno tendrá la certeza de que será un precio definido y sobre todo, que representará un ahorro de tres mil 500 millones de pesos si se optara por construirlos con recursos propios.
