IMPULSO/ Héctor Serrano Cortés
En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que combatirá de forma frontal y decidida a todos aquellos jueces que, ante presuntos actos de corrupción, hayan torcido la ley, direccionándola a favor o en contra de acuerdo con su propio interés.
Y es que, en muchos casos, se ha hecho evidente que jueces y magistrados no atienden los elementales principios de justicia y sólo buscan, a su conveniencia, imponer la ley con interpretaciones elaboradas con técnica legal que justifiquen y encubran sus propias resoluciones. Estos presuntos casos de corrupción sólo pueden atender a dos motivaciones: la económica o la política.
El sistema judicial, que de acuerdo con nuestra propia norma jurídica se integra como uno de los tres poderes que conforman el Estado mexicano, requiere de ser observado por la sociedad en su conjunto, con la misma dinámica con que la opinión pública vigila a los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Es común, y pareciera ya una práctica recurrente, que a través de medios informativos nos enteremos de resoluciones judiciales que han permitido la libertad a evidentes delincuentes o que en algunos otros casos se lastimó en su patrimonio o libertad a personas a las que les asiste la razón y que fueron víctimas del poder económico y político.
Por ello, hoy más que nunca es importante acudir a la denuncia pública, para evidenciar a cualquier autoridad y, en el caso del Poder Judicial, evitar que jueces y magistrados sin escrúpulos ni principios éticos sigan atentando contra la sociedad y frenen con sus acciones el proyecto de nación propuesto por el presidente López Obrador.
En el combate a la corrupción, concebido como prioridad de la 4ª Transformación, debe aplicar el principio aquel que reza “el buen juez por su casa empieza”, y todos aquellos que confiamos y creemos en lo dicho por Andrés Manuel López Obrador, también creemos que debe estar siempre enterado, a través precisamente de la denuncia, de las posibles colusiones entre integrantes del Poder Judicial y funcionarios de su propia administración.
De refilón
La reforma laboral recientemente aprobada por la Cámara de Diputados tendrá que ser el instrumento de lectura rápida de añejos dirigentes sindicales que ante el desconocimiento de esta, se animen a buscar por enésima ocasión encabezar sindicatos, sin percatarse de que se inició un proceso de democratización también en ese sector, el cual si es tratado con la transparencia debida atenderá a la voluntad de la clase trabajadora; como la libre asociación, que mediante voto secreto permitirá a los agremiados a un sindicato elegir a sus dirigentes, evitando que continúen las prácticas denostables que han eternizado a muchos dirigentes en esos espacios de poder.
Hoy se rompe el monopolio de dirigentes sindicales que han abusado de esas posiciones y han amasado grandes fortunas, con lo que se han dado vida más de patrones, que la que corresponde a la clase trabajadora.
Seguramente algunos que empiecen a conocer la nueva propuesta legislativa sufrirán por lo menos en su estado anímico alguna repercusión.
