IMPULSO/ Kenia López Rabadán
Columnista política
El Congreso de la Unión, durante meses, ha llevado a cabo una intensa discusión sobre la creación de la Guardia Nacional y aunque se veía complicado que todas las fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad civil se pusieran de acuerdo en un tema tan polémico, parece inminente la promulgación de una reforma histórica.
El procedimiento legislativo aún es largo, ya que si bien es cierto el Senado de la República aprobó cambios a la minuta que envió la colegisladora, también lo es que dichas modificaciones deben ser avaladas por dos terceras partes de la Cámara de Diputados y por la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas.
Entre las modificaciones que se realizaron en el Senado destaca el hecho de que se haya logrado que la Guardia Nacional tuviera un mando y jurisdicción totalmente civil, así como la facultad para que durante los próximos cinco años, de forma extraordinaria, las fuerzas armadas permanentes realicen actividades de seguridad pública, mismas que deberán ser subordinadas, complementarias y fiscalizadas por órganos civiles, así como reguladas mediante normas sobre el uso de la fuerza, tal y como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia “Alvarado Espinoza y otros vs. México”.
En la discusión sobre la Guardia Nacional sucedieron tres hechos que no son muy comunes en nuestro país y son: que las organizaciones de la sociedad civil y víctimas fueran escuchadas; que la oposición se encontrara unida y que la mayoría en la Cámara de Senadores fuera sensible y responsable.
El Senado hizo un extraordinario ejercicio de audiencias en parlamento abierto, el cual duró cinco días en los que escuchamos más de 80 ponencias con diversos testimonios, estudios y análisis de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, autodefensas, servidores públicos e instancias internacionales, entre otros, lo que permitió contar con una amplia diversidad de visiones sobre un mismo tema.
Es importante destacar que, en el Senado de la República, Morena no cuenta con los votos necesarios, dos terceras partes, para llevar a cabo una reforma constitucional, por lo que estuvo obligado a atender las observaciones de las organizaciones nacionales e internacionales.
Gracias a esa situación se generó un documento en el que se respetó el pacto federal; se crearon contrapesos e instrumentos de control del nuevo cuerpo de seguridad y se incluyeron formas de evaluación medibles y cuantificables sobre la actividad de la Guardia Nacional y de las fuerzas armadas permanentes en labores de seguridad pública; asimismo, se incluye que la Guardia Nacional deberá operar con un enfoque de género.
Es importante señalar que el Congreso de la Unión deberá cumplir dos exigencias históricas con instancias nacionales e internacionales, y es que 90 días después de la entrada en vigor de las reformas constitucionales, deberá expedir la Ley Nacional sobre el Registro de Detenciones y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
La primera Ley homologará en el país el registro de todas las detenciones realizadas por las fuerzas de seguridad pública, lo que servirá para erradicar detenciones arbitrarias, torturas e inclusive desapariciones forzadas. La segunda y, en mi opinión, la más destacada, servirá para determinar la forma en que la Guardia Nacional y demás instituciones de seguridad pública usarán la fuerza, que deberá ser bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad.
No tengo duda que los cambios realizados son para bien de México y hago votos para que sean avalados en la ruta legislativa que aún le falta por recorrer.
