IMPULSO/ Octavio Rodríguez Araujo
Analista Político
Hace años que en México no hay debate, que sí lo hubo en los 70 y 80 del siglo pasado. Pero ahora es peor, porque cualquier crítica que se haga a la administración de López Obrador encuentra su contraparte en la descalificación de sus seguidores y fieles a quienes no lo son.
El punto de partida de esta dinámica del absurdo fue en torno al nuevo e interrumpido aeropuerto de Texcoco. Y ese punto de partida lo propició ni más ni menos que el entonces presidente electo. Cuando él dijo que era mejor la opinión de muchos que la de uno como justificación de la primera consulta que realizó, encumbró la parte irracional y meramente sensorial de su gobierno que algunos ilusos pensaron que sería pasajera, pero que no lo ha sido. En su enorme habilidad para el manejo de masas, habilidad que no se le puede regatear, provocó un debate absurdo e imposible entre defensores del proyecto Texcoco y los de su proyecto que ni siquiera estaba definido (y que sigue sin definición hasta el día de hoy). Se armó una especie de debate, pero en realidad una apariencia de debate. Me explico:
El proyecto de Texcoco fue avalado por las instituciones más prestigiadas del mundo en la materia, pero en lugar de demostrar que estaban equivocadas se optó por una única opinión, basada en los datos de Riobóo e incluso llegó a mentirse diciendo que estaba sancionada por el presidente de Francia. Los voceros de éste rápidamente dijeron que no, que lo hecho por su gobierno había sido sólo conectar a una empresa ligada a Air France con los personeros del presidente electo de México. A continuación salieron a relucir las cifras, de los pro Texcoco y de los anti Texcoco, cifras estas últimas que incluso no daban los totales previstos para demostrar que, cancelando la construcción del aeropuerto, se ahorraban miles de millones de pesos (éstos a veces eran tantos y otras veces menos o más, según el humor o la mala memoria del declarante). Pronto se introdujeron en el debate los ambientalistas de diversas profesiones y, sin comprobar nada, argumentaron que estaban en peligro especies “agrícolas” y de fauna, y acompañaron sus necedades de dibujitos ilustrativos sin sustento científico pero repetido miles de veces. El proyecto del presidente electo y sus asesores fue primero Santa Lucía, luego éste más Toluca, más adelante ambos más una remodelación del AICM actual y posteriormente, como si se les hubiera olvidado Toluca, sólo Santa Lucía y el AICM. Se dijo primero que los empresarios involucrados en la construcción del aeropuerto de Texcoco podrían trasladar sus inversiones a Santa Lucía y más adelante se dijo que la construcción y adaptación de éste estaría en manos de la Secretaría de la Defensa, con sus ingenieros y albañiles militares. Conviene recordar que es fecha en que no se ha presentado un estudio de factibilidad del aeropuerto de Santa Lucía, ni tampoco el estudio ejecutivo que suele acompañar este tipo de obras. De Toluca, repito, no se sabe nada aún. Tampoco conocemos costos precisos ni ahorros igualmente precisos, mucho menos soluciones para los problemas aéreos señalados desde el principio por las empresas e instituciones expertas en el tema y que fueron ignoradas sin más.
En ese contexto se habló reiteradamente de realizar una consulta y una encuesta. Se les olvidó convenientemente esta última. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una consulta acotada y sesgada (incluso por la ubicación de las urnas en el país) que una encuesta. Una encuesta se hace con una muestra estadística que represente a todos los ciudadanos y no sólo a ciertos sectores previamente escogidos con información electoral y sus preferencias. Las encuestas privadas que hubo antes de que se hiciera la consulta indicaban que la preferencia por Texcoco era evidente y, desde luego, mayoritaria. Por esto es que se olvidaron de la encuesta y no la hicieron. ¿Más claro? En la consulta votaron menos del uno por ciento del padrón electoral, es decir nada para fines estadísticos. Pero los 700 mil y pico de respuestas favorables a Santa Lucía fueron suficientes para que López Obrador la calificara incluso de vinculante, cosa que legalmente era imposible pues él no era todavía presidente constitucional del país y las leyes vigentes no lo permitían. Todos los que estábamos a favor del proyecto Texcoco o que exigíamos mayor información y rigor sobre la opción Santa Lucía-Toluca-AICM, fuimos calificados de “fifís” y “derechairos”, “plumas perfumadas”, pagados por los inversionistas de Texcoco, enemigos de los chichicuilotes y de los patos del ex lago de Texcoco, ignorantes que no tomábamos en cuenta los dibujitos que explicaban la realidad, etcétera, etcétera. En resumen, no hubo debate pero sí descalificaciones. Y los fieles de AMLO dijeron que por primera vez eran consultados y que pronto habría más respuestas en las siguientes consultas, lo que no ocurrió pues en la siguiente (sobre los programas prioritarios para su gobierno) hubo menor participación.
Una gran farsa y un montón de invenciones a todos los niveles en el lado de la feligresía del presidente (primero electo y luego constitucional). ¿Cuál fueron los resultados? Hubo dos principales: 1) El presidente aprovechó para decir que el que mandaba era él y que tenía las riendas del poder en sus manos. Para confirmarlo nombró como asesores a varios megamillonarios no involucrados directamente en el proyecto Texcoco y dejó fuera a los que sí tenían que ver con dicho proyecto. Si durante su campaña les había dicho que estaría dispuesto a concesionar esa obra a los empresarios, luego, sobre todo después de su consulta a modo, remarcó que ya no se los concesionaría. Pero tampoco las obras en Santa Lucía, Toluca o AICM. 2) Usó la consulta para decir que habría más y que si era necesario se reformaría la Constitución para que sí pudieran ser vinculantes. “Vayan acostumbrándose”, nos dijo a los mexicanos. Pero cuando dijimos que hiciera consultas también sobre el Tren Maya, el de Salina Cruz-Coatzacoalcos, la refinería de Dos Bocas, el presidente electo incluyó el 24 y 25 de noviembre estos temas junto con otros siete puntos de su programa de gobierno que, obviamente, sería votado en general y en paquete, como lo demuestran los resultados en los que hubo diferencias muy pequeñas en los porcentajes para cada punto y todos claramente mayoritarios. No podía ser de otra manera pues muy pocas personas, si alguna, estarían en contra de que haya pensión a adultos mayores, a discapacitados pobres, a estudiantes de todos los niveles así como atención médica universal e internet en todo el país.
Así las cosas y sin necesidad de poner más ejemplos, que los hay, ¿será posible que haya debate sobre los asuntos importantes del país? Obviamente no. Lo único que hay, y esto me parece muy lamentable, es descalificación a cualquier crítica que osemos dirigir al presidente de México. Los seguidores de éste no conocen ni quieren saber nada de matices: para ellos las cosas son blancas o negras y así, obviamente, no puede haber discusión.
Creo pertinente decir que mi posición ante AMLO no es sólo crítica: también aplaudo, aunque con cautela, dos de sus políticas anunciadas: una, no meterse en el conflicto de Venezuela sino más bien, y de ser posible, tratar de mediar (junto con Uruguay) entre las partes. Y la segunda, su declaración del 30 de enero de 2019 sobre la estrategia contra el crimen organizado (si no cambia de opinión después). Dijo, y estoy de acuerdo: “La función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública, ya no la estrategia de los operativos para detener a capos. Lo que buscamos es que haya seguridad”, reducir los homicidios, robos y secuestros. Y señaló también que “no se han detenido a capos porque no es esa nuestra estrategia. Ya no es la intención armar operativos contra capos, lo que queremos es reducir la inseguridad atendiendo las causas”.
