IMPULSO/Fernando Díaz Naranjo
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Una de las fortalezas de cualquier institución es el tiempo que dedica a una adecuada planeación que le lleve no sólo a cumplir con sus obligaciones normativas, sino, además, a buscar hacer más eficientes determinados procesos.
Así, los resultados buenos o malos de una institución se ven reflejados de acuerdo con la profundidad de dicha planeación estratégica, por ello resulta indispensable su elaboración.
Si hablamos de instituciones encargadas de llevar a cabo los procesos electorales en nuestro país, la exigencia de una planeación se vuelve mayúscula por muchos factores. Deben cumplir con un marco legal complejo, que presenta algunas imprecisiones que llevan al ente electoral a establecer diversos acuerdos sujetos a la revisión tanto de los actores políticos involucrados, como de los órganos jurisdiccionales respectivos; sus decisiones están siempre sujetas al escrutinio público; están constantemente en procesos de auditoría; de su operatividad y eficiencia depende que haya elecciones con apego a Derecho y, se encargan de revisar, entre tantos aspectos más, el uso de los recursos que son utilizados por candidatos y partidos garantizando con ello equidad en la contienda electoral. Por si fuera poco, también involucran a muchos ciudadanos en quienes se deposita la alta responsabilidad de la recepción, escrutinio y cómputo de los votos que los ciudadanos depositamos en las urnas.
Para el próximo proceso electoral federal hay un tema de análisis y estudio obligado: la votación electrónica.
El Instituto Nacional Electoral (INE), que adquirió más de 70 nuevas responsabilidades en comparación del otrora IFE, a raíz de la reforma constitucional de 2014, conformó hace unos días la “Comisión de vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y análisis de las modalidades de su voto”. Este organismo auxiliar de su Consejo General, que es su máximo órgano de decisión, tendrá diversas responsabilidades importantes, la más destacada será sin duda buscar que la pasada elección presidencial, en donde concurrieron varias elecciones locales, haya sido la última en que fue utilizado el mecanismo denominado de “voto postal” para la emisión del voto desde el exterior.
Es decir, dicha instancia explorará la posibilidad de que las y los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero, puedan votar vía electrónica, ya sea por presidente de la República, por alguna gubernatura que así lo determine la legislación electoral local respectiva, por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y las senadurías por el principio de representación proporcional.
Este proyecto no sólo puede generar una mayor participación ciudadana, sino que, cualquier administración que implementa sistemas informáticos genera, al menos en un mediano plazo, ahorros que serían muy importantes para los costos de nuestra democracia, que sale muy cara; además, seguramente optimizaría procesos para conocer diversa información, como bien podrían ser los propios resultados electorales.
Hay que decir que en otros países la votación electrónica ha tenido éxito, pero también contratiempos, así que los trabajos que se desarrollen deberán contar con la mayor participación posible de actores políticos y de especialistas.
Es importante apuntar que, en la Ciudad de México, en la elección para jefe de Gobierno de nuestra Ciudad Capital, en 2012 los ciudadanos de esta metrópoli residentes en el extranjero tuvieron la oportunidad de elegir dos modalidades de votación; por un lado, la vía postal, pero por el otro la votación electrónica. Esta última se registró vía internet con éxito, lo que puede ser un referente importante para que el INE lo tome en cuenta.
De igual forma y ya entrados en materia, bien podría el INE incursionar también en el análisis de la viabilidad o no de la votación electrónica en nuestras elecciones federales y locales, tal y como lo han hecho con éxito algunos institutos electorales locales de forma vinculante.
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