IMPULSO/ Agencia SUN
Monterrey, NL.
Representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos de 11 estados del país llamaron a los gobiernos estatales y federal a garantizar la búsqueda exhaustiva e identificación de personas desaparecidas, para que no terminen en una simulación las políticas dirigidas a atender esta tragedia humanitaria que de 2006 a 2018 dejó un saldo de más de 40 mil víctimas de desaparición.
Al reunirse en esta ciudad durante el XVI Encuentro de Organizaciones que Acompañan Familias de Personas Desaparecidas en México, expusieron que una muestra del desinterés, ante un crimen permanente y continuado, es el hecho de que hasta hoy sólo se han constituido 10 comisiones estatales de búsquedas de personas.
Incluso, hay estados donde el problema de desapariciones es más grave, como Chihuahua, Sonora, Baja California, Michoacán y Baja California Sur, donde “la voluntad de enfrentar el problema es nula, pues ni siquiera hay un decreto a fin de iniciar el proceso para su creación”.
Y en Chihuahua que se ubica entre los cinco estados con la más alta tasa de desapariciones en el país, existe la peculiaridad de que la ley señala que la Comisión Estatal de Búsqueda será parte de la Fiscalía Especializada para casos de desapariciones, que tampoco no se ha creado, expusieron los asistentes al encuentro.
En algunos casos ya están creadas las comisiones y nombrados los titulares, pero no existen oficinas ni equipamiento, y el presupuesto es totalmente insuficiente como sucede en Nuevo León, sostuvieron.
En Zacatecas apenas salió el decreto el 12 de enero, cuando debió haberse creado el 16 de abril de 2018, y se le asignó un presupuesto mínimo; las asociaciones defensoras de derechos humanos demandaban nueve millones de pesos del gobierno estatal y 15 del gobierno federal, pero sólo se aprobaron diez millones que deberán compartirse con otros proyectos.
En este contexto, la Comisión Nacional de Búsqueda, para 2019, cuenta con un presupuesto de 400 millones de pesos, inferior a los 468 millones que le fueron asignados el año anterior, que resultan insuficientes para las enormes exigencias de localizar e identificar a las víctimas de desaparición.
En suma, señalaron, es indispensable que se instituyan todas las comisiones estatales de búsqueda en las 32 entidades del país para que se integre el Sistema Nacional de Búsqueda establecido en la ley de la materia, para que exista una articulación correcta entre las comisiones y las fiscalías especializadas en la investigación de desaparición de personas.
Por lo anterior, demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que asuma la responsabilidad de atender y erradicar la desaparición en México y se propicie la oportunidad de que colectivos y organizaciones relacionados con la defensa de derechos humanos “vigilen las acciones gubernamentales” sobre este tema.
Propusieron, además, un Plan Nacional Frente a la Desaparición de Personas, esto para responder al dolor y exigencia de justicia de los familiares de personas desaparecidas y “favorecer la plena vigencia de los derechos humanos en el país”.
Al encuentro asistieron Alfredo Limas de Ciudad Juárez; Adriana Linares, de Chihuahua; Ricardo Bermeo, de Zacatecas; Anaís Palacios, de Veracruz; Miguel Ángel García Leyva, que representó a Baja California, Sonora y Sinaloa; Dora Jaimes, de Michoacán; Raúl Valadez, de Coahuila; y Sonia Torres Hernández, de Ciudadanos en Apoyo a Derechos Humanos (Cadhac) de Nuevo León.
