- Presentan el Atlas, elaborado por SaveThe Children sobre el Riesgo de Trabajo Infantil en México en la Cámara de Diputados.
- En 2019, 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes realizaban trabajo infantil.
La Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados y la organización SavetheChildren presentaron el Atlas sobre el Riesgo de Trabajo Infantil en México, el cual es un gran esfuerzo de investigación que concentra la información de la situación del trabajo infantil en México y en las Entidades Federativas.
Entre la información diagnóstica más relevante que contiene el estudio se observa que: la mayoría de las niñas y niños que trabajan lo hacen desde los 6 y 8 años; 26% no reciben percepción económica alguna; 95% de los adolescentes trabajan en el sector informal; más del 56% de las y los niños que trabajan lo hacen con un familiar y la mayoría lo realiza en ocupaciones no permitidas o peligrosas; la concentración de mayor trabajo infantil se da en el sector agropecuario con 27%; mientras que los servicios y el comercio el 25%. Asimismo, se identifican las entidades con menor y mayor índice de riesgo del trabajo infantil, las de más bajo rango se registran Baja California Sur, Cuidad de México y Nuevo León, mientras que en Chiapas, Oaxaca y Michoacán esta problemática se agudiza.
La principal conclusión del estudio es que hay una fuerte presencia de niñas, niños y adolescentes que realizan trabajo infantil a lo largo y ancho del territorio nacional y aunque la pobreza se mantiene como un factor preponderante no es el único, además, todas las entidades federativas enfrentan retos en la materia.
En el marco de la presentación también se hicieron recomendaciones: fortalecer las inspecciones laborales; promover campañas de difusión para incentivar la denuncia pública; garantizar la creación de trabajos dignos y primeras experiencias laborales a las y los adolescentes y jóvenes; que las y los adolescentes trabajadores cuenten con seguridad social; avanzar hacia la consolidación de un sistema nacional de cuidados e invertir en educación y capacitación para las personas cuidadoras; garantizar recursos financieros, humanos y técnicos para los SIPINNA’s, y fortalecer mecanismos de coordinación entre Procuradurías de Protección y las Áreas de Inspección Laboral.
