IMPULSO/Hernán Gómez Bruera
Entre 2010 y 2015, regresaron casi 450 mil mexicanos y mexicanas desde Estados Unidos, algunos de forma voluntaria, otros como producto de una deportación. Es bien sabido que, durante su gobierno, Obama deportó a más migrantes indocumentados que cualquier administración. Sin embargo, tuvo que llegar la retórica de Trump para que la conversación pública empiece a considerar las implicaciones del retorno de nuestros connacionales.
La experiencia del retorno es extremadamente complicada para quien la vive. Casi todos entran al país en estado de shock, a veces sin un peso en el bolsillo, habiendo dejado familia, hijos e hijas menores de edad, propiedades y vidas enteras. Las dificultades comienzan desde el primer día de su internación al país para identificarse y poder ejercer su ciudadanía. “Fuimos indocumentados allá y somos indocumentados cuando regresamos”, decía hace unos días Ana López, vocera de la agrupación Deportados en la Lucha. En efecto: los llegados de primer momento no reciben siquiera un documento de identidad plenamente válido y reconocido en todo el país (como un pasaporte o una credencial de elector), con lo que no pueden siquiera cobrar un cheque a su nombre.
Quienes retornan enfrentan barreras sistemáticas en la educación y el empleo en un país en el que suelen carecer de conexiones y redes de apoyo. No en balde, la tasa de desempleo para las personas retornadas de entre 25 y 29 años es casi del doble que para la ciudadanía no migrante. Los call centers han sido una alternativa viable para muchas personas jóvenes retornadas que dominan el inglés, pero se necesitan otras alternativas.
La falta de una traducción oficial, de una apostilla o de una revalidación de estudios es razón para que muchos jóvenes que han estudiado en EE.UU. queden atrapados durante meses o años en una maraña kafkiana entre México y ese país. Igualmente complicado es certificar sus habilidades para conseguir un empleo digno. En muchos casos, se les discrimina deliberadamente por su acento, apariencia física o porque el estigma de criminalización asociado con las deportaciones dificulta su incorporación al mercado laboral.
Hoy, existen siete programas federales (Somos Mexicanos, el más importante de ellos) que apoyan explícita o implícitamente a la ciudadanía deportada o en retorno. Su alcance, sin embargo, es limitado y suele enfocarse en recibir a los llegados en sus primeras horas y días en México.
