IMPULSO/ María Elena Morera
Analista política
Ante la crisis de inseguridad por la que atraviesa nuestro país desde hace muchos años, el actual gobierno planteó la necesidad de crear un nuevo cuerpo federal que pudiera hacer frente a la criminalidad. Los términos en los que se pretendía crear una Guardia Nacional abrieron espacios de diálogo entre el gobierno y la academia, organizaciones de la sociedad y organismos nacionales e internacionales. Hubo más apertura en el Senado que en la Cámara de Diputados y, como es sabido, se consensuó una reforma que probablemente se promulgue en breve.
La unanimidad por la que fue aprobada la iniciativa en el Senado, más que un consenso sobre la creación de la Guardia, reflejó la inclusión de muchas otras propuestas, lo que fue necesario para obtener la aprobación de la misma. A la mexicana, se incluyeron diversas disposiciones que deberán implementarse con cautela para evitar caer en contradicciones que podrían ser perjudiciales para el país.
Por ejemplo, si bien es cierto que el texto constitucional refiere que la Guardia será un cuerpo de carácter civil, el presidente ha dejado abierta la posibilidad de nombrar a un militar en activo, lo cual iría contra la idea central de construir una institución civil. Además, uno de los artículos transitorios establece que la operación estará a cargo de una instancia conformada por dos representantes militares y uno civil. En este sentido, se deberá establecer claramente las bases de coordinación para evitar la subordinación a la preponderancia militar.
Se menciona que la Guardia estará regida por una doctrina policial, pero otro artículo transitorio establece que los procesos de reclutamiento, profesionalización, disciplina y cumplimiento de tareas deberán homologarse a los aplicables en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Por ello, se deberá privilegiar y cuidar en todo momento que dicha homologación conserve el espíritu de la reforma constitucional: la construcción de un cuerpo civil profesional.
Uno de los puntos más críticos de la reforma es que, por primera vez, se incluye, a nivel constitucional, a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, por cinco años en tanto se desarrolla la Guardia. Es importante que este plazo sea verdaderamente entendido como una situación de carácter extraordinario y que sea efectivamente “regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. El incumplimiento del plazo y de las características de esta temporalidad dinamitaría la esencia de la reforma, perpetuando a nuestras Fuerzas Armadas en funciones que no les corresponden.
Uno de los logros de la reforma fue incluir la obligación de los estados para desarrollar programas de fortalecimiento de las policías. Sin embargo, éstos deberán tener un seguimiento puntual, con metas claras y viables, presupuestos suficientes y responsables puntualmente definidos. De lo contrario, la federación continuará subsidiando la indolencia de los gobernadores para atender la seguridad de sus entidades.
El trabajo legislativo realizado no ha terminado. Faltan las leyes secundarias que habrán de determinar la reestructura del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la coordinación de todos los cuerpos de seguridad; y la estructura, operación y funcionamiento de la Guardia. Y luego vendrá lo más difícil, que es despegar del papel, cerrar el abismo que separa a nuestras leyes de nuestras instituciones, y a éstas de la realidad que deben transformar.
A pesar de que desde el gobierno se han expresado algunas afirmaciones muy desafortunadas contra las organizaciones de la sociedad civil, nosotros, desde Causa en Común, continuaremos evaluando, criticando y proponiendo. Lo haremos con la misma seriedad y compromiso de siempre. Y con la misma finalidad: contribuir con nuestro grano de arena a reducir la inseguridad y la injusticia que hoy ahogan a nuestro país.
