IMPULSO/ Carlos M. Urzúa
En marzo de este año que está por finalizar, la Asociación de Emprendedores de México (ASEM) presentó en el Senado de la República una propuesta que, si los legisladores aceptan, será llamada Ley de Pago en 30 Días.
Su propósito es establecer un plazo máximo de tiempo para que las empresas reciban, por parte de otras empresas y del sector público, el pago puntual por sus productos y servicios.
El jineteo del dinero ajeno, esa suerte de prestidigitación hecha de manera cotidiana por muchas empresas y por todos los niveles de gobierno en México, se ha convertido en casi un deporte nacional. Ese jineteo es ya tan común que podría decirse que su popularidad está a la altura de la charrería misma. Pero aunque esa práctica parezca inocua, la realidad es que es todo menos eso: el que una pequeña empresa que esperaba un cierto flujo de ingresos por sus ventas mensuales acabe por no obtenerlo puede representar, eventualmente, la diferencia entre su supervivencia o su desaparición.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ha hecho varios estudios acerca de los costos más significativos que enfrentan, en todo el mundo, las empresas pequeñas y medianas (las PyMES, como las llamamos en México). De acuerdo con ese organismo, el mayor obstáculo es la falta de liquidez y el excesivo costo del financiamiento. Y justo para mitigar ese problema sugiere establecer leyes de pronto pago en todos los países. Ya las hay en el caso de los miembros de la Unión Europea, e incluso en varios países de Sudamérica, tales como Chile y Colombia.
De las más de cinco millones de empresas que existen en México, no llegan a cien mil las que son grandes, entendiendo por ello las que tienen más de 50 empleados en su nómina. Luego les siguen las empresas medianas, con una plantilla laboral entre 50 y 31 personas; las pequeñas, con entre 30 y 11 trabajadores; y, finalmente, las microempresas, con diez o menos empleados. El número de estas últimas representa más del 90 por ciento del total; esto es, hay más de cuatro millones y medio de microempresas mexicanas que sobreviven como pueden, al estar sujetas a los vaivenes económicos nacionales, a los vaivenes del propio patrimonio familiar o a los vaivenes de las autoridades del lugar donde residen.
Tratar de fomentar de manera efectiva el desarrollo de todas las empresas sería una tarea hercúlea para cualquier gobierno. Es por ello que la atención gubernamental típicamente se dirige a las pequeñas y medianas empresas. La esperanza es que estas puedan, con la debida protección, crecer y hacerse grandes. Ese cuidado empieza, o debería empezar, proporcionándoles el menor costo legal posible para su constitución y desarrollo, un régimen fiscal simple y un suelo parejo para poder competir con las empresas de mayor tamaño.
Ignoro si ya ha sido redactada en el Senado la iniciativa para la Ley de Pago en 30 Días. Pero, si no es el caso, urge. Hay muchos ejemplos en el mundo que pueden consultarse para acelerar su promulgación. Los aspectos básicos son, por lo demás, un tanto obvios. Por ejemplo, alguien podría preguntarse, ¿por qué requerir el pago en a lo sumo treinta días después de la emisión de la factura correspondiente? Y la respuesta sería que los tiempos del Servicio de Administración Tributaria (el SAT) son siempre mensuales, y además el límite de 30 días constituye la norma a nivel mundial.
La ley del pronto pago también debe ayudar a quienes sean proveedores del gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. A principios de los ochenta del siglo pasado, Estados Unidos instauró una ley similar que resultó ser de una gran ayuda para las pequeñas empresas, y que además obligó a los gobiernos locales a ser más eficientes y transparentes.
