IMPULSO/ Alberto Aziz Nassif
Analista político
Poco a poco se ha generado un conflicto que es necesario resolver. De forma repetida AMLO ha establecido que no quiere que haya intermediarios, que las relaciones entre el gobierno y la gente, el pueblo, tienen que ser directas. Así de simple, o de complicado.
AMLO siempre ha expresado sus diferencias con las organizaciones sociales, con la sociedad civil, y con cualquier forma de intermediación. La diferencia es que hoy, desde el gobierno, esta actitud se traduce en presupuestos que se cortan, en programas que se cancelan y en organismos que se critican. Esta posición del presidente, que aparece en sus conferencias mañaneras, está mezclada con el grave problema de corrupción y de captura que cruza a muchas de estas organizaciones, programa y organismos.
El tratamiento que hace el gobierno del universo de las organizaciones y programas tiene dos errores: uno es la generalización con la que se homogeniza un mundo muy heterogéneo, y el otro es la simplificación de una realidad que es muy compleja. Sin desacreditar a ninguna, no se puede poner en la misma bolsa a organizaciones que son una extensión del medio empresarial, con iniciativas sociales que han luchado por agendas democratizadoras. Los dos polos son legítimos, pero se han distinguido históricamente por tener agendas distintas. Muchas están en el campo de la filantropía, otra se dedican a la evaluación de políticas públicas; unas más son observatorios y contrapesos necesarios en cualquier democracia. Hay de izquierda y de derecha, de carácter religioso o laico, con fines de beneficencia o de transformación. En una sociedad con graves problemas lo que menos se necesita es simplificar los remedios. Si con cada acción que hace el gobierno se destapa una cloaca de corrupción y de abuso de los recursos públicos, es esperable que las soluciones, las políticas públicas, ayuden a mejorar su desempeño. Pero si a cada factor de corrupción sigue una decisión de cancelar y cortar, para dejar una salida simple que vincule al gobierno directamente con el pueblo, estaremos muy lejos de la construcción institucional y la recuperación del Estado que se necesita. Pueden darse soluciones de emergencia, pero se necesita una recuperación de lo público que reconstruya las capacidades estatales porque no todo depende de que la cabeza tenga buena voluntad y rectitud para gobernar.
Hay muchos ejemplos. En el multicitado programa de estancias infantiles en donde se ha registrado corrupción y malos manejos, se necesita una regulación estricta y no la salida fácil de dar el recurso de forma directa. Se trata de recuperar una capacidad pública del Estado de bienestar, es decir, el cuidado de la infancia y los derechos de los niños. De igual forma, hay una gran variedad de organizaciones sociales que defienden derechos humanos, acompañan a víctimas de la violencia, han luchado por la democracia y son contrapeso al poder público, estas OSC también construyen Estado. En el ejercicio que hizo el senado sobre la Guardia Nacional se pudo observar un consenso democrático al que contribuyó el colectivo #SeguridadSinGuerra. De la misma forma, hay funciones de Estado que se han canalizado a través de órganos autónomos encargados de tutelar derechos (políticos, sociales, civiles). Desafortunadamente los mismos actores políticos han frenado estas autonomías y han capturado a los organismos. Los políticos son alérgicos a la autonomía. Pero, de nuevo, el problema no es el órgano autónomo, sino la captura a la que se le ha sometido por la misma clase política. La estrategia debería ser su fortalecimiento para que puedan tutelar derechos y regular intereses. Lo más negativo es concentrar el poder en un solo espacio. No todas las formas de intermediación o autonomía son negativas o corruptas.
