IMPULSO/David Esquivel/Naucalpan
La ex magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, aseguró que el nuevo sistema de justicia acusatorio aún no tiene abogados, fiscales, ministerios públicos, y juzgadores “altamente capacitados sobre la forma de llevar un juicio oral”, durante el cual puedan defender a las víctimas del delito o culpar al hechor.
Expresó que, mientras no se capaciten a los involucrados en un juicio, el sistema de justicia penal acusatorio “seguirá siendo un fracaso”.
Afirmó que la incapacidad de los intérpretes de la ley, abogados, no se debe a la falta de recursos económicos de los gobierno estatales para capacitarlos, porque con la reforma constitucional del sistema penal acusatorio se dio a gobiernos de los estados un plazo de ocho años y recursos públicos para que capacitaran a todos los actores políticos que participarían en los juicios orales y de control.
Abundó que al término de ocho largos años se esperaba que todos los involucrados estuvieran capacitados: jueces, jueces de control, juez de proceso; los abogados y defensores públicos, los fiscales la policía investigadora.
“Y con mucho respeto, -acusó Sánchez Cordero- ni siquiera los abogados litigantes se capacitaron en argumentación legal, les cuesta trabajo; no se diga los fiscales, la policía investigadora que no investiga nada; verdaderamente, ni siquiera preserva la escena del crimen, mucho menos la cadena de custodia de todo el acervo probatorio”.
Recordó que la reforma constitucional del 2008 y del 2016 entró en vigor en los estados, donde debió estar listo el personal e infraestructura para operar el nuevo sistema de hacer justicia.
“Pero, ¿qué fue lo que pasó?”, preguntó la ex magistrada y contestó:2 que en los estados no se capacitó a todo el personal porque, “siempre los gobernadores tuvieron en algo más en qué gastar ese dinero”.
La ex magistrada señaló que tenemos que regresar a lo básico. Nuevamente volver a capacitar a una policía científica, investigadora; a fiscales que efectivamente defiendan a la sociedad y a las víctimas; abogados y litigantes y defensores públicos altamente capacitados que puedan realmente argumentar.
