IMPULSO/ Agencia SUN
Bruselas
La cláusula democrática, introducida hace 16 años en el marco del Acuerdo Global con la Unión Europea (UE), no ha tenido un efecto trasformador para México en materia de derechos humanos, subraya un estudio del Parlamento Europeo.
El documento afirma que la cláusula introducida en su momento por presión de la Unión Europea con la intención de incidir directamente en la erradicación de la impunidad y las violaciones a las garantías individuales, no ha tenido los efectos previstos, debido a que ha sido relegada a un segundo plano.
El Acuerdo Global prevé la suspensión de las relaciones comerciales en caso de violación a las garantías individuales; “sin embargo, en la práctica esta cláusula nunca se ha invocado a pesar de que se han cometido violaciones a los derechos humanos. “En su lugar, se han abordado las violaciones a los derechos humanos en México a través del diálogo político”, señala el documento.
Según la investigación, desde la entrada en vigor del acuerdo, la impunidad se ha “deteriorado dramáticamente” en el país. Mientras que en 2007 había cuatro condenas por cada cinco casos de homicidio; en 2013 se registró sólo una por cada cinco casos.
Aumentaron las detenciones arbitrarias, la población penitenciaria creció a niveles de saturación y la violencia se propagó a otras entidades del país. Por su parte, la delincuencia diversificó sus actividades, incrementó su presencia en la económica formal y “parece haberse infiltrado en los gobiernos locales de algunos estados”.
“Desde la firma del Acuerdo Global, el Estado de derecho no se ha consolidado, mientras que la corrupción y la violencia no han sido suficientemente controladas”, indica. El documento elaborado por Isabelle Loannides, investigadora de la Universidad Libre de Bruselas y publicado por el Servicio de Investigación del PE, analiza los efectos de la cláusula de derechos humanos introducida por la UE en sus acuerdos con México y Chile.
El estudio muestra que la prioridad de la relación entre México y la Unión Europea ha sido esencialmente económica. Señala que mientras que los mecanismos de vigilancia del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM) han amplios, en materia de “respeto a los derechos humanos no han sido suficientes”.
Las actividades de los dos principales organismos que rigen el acuerdo, tanto el Comité como el Consejo Conjunto, “se han concentrado principalmente en los beneficios económicos de cada una de las partes y de las empresas”, se resalta.
