IMPULSO/Enrique Cárdenas Sánchez
Los primeros cinco meses de la presidencia de Trump nos dejan muchas enseñanzas. Donald Trump llegó a su puesto emitiendo órdenes ejecutivas destinadas a cumplir sus promesas de campaña. Algunas las ha podido mantener, otras no. Dada la autoridad investida en el Presidente de EE.UU., pudo decretar la salida de su país del TPP. Modificó lineamientos para ajustar su política migratoria sin tener que modificar la ley. Intentó persuadir a las grandes empresas norteamericanas mediante amenazas aparentemente creíbles que hicieron —otra vez y sólo en apariencia— desistir a algunos de mantener sus planes de inversión en México. Todo lo anterior pudo hacerlo por sus atribuciones presidenciales.
Fue también capaz de nombrar a sus secretarios y pasar la nominación de un ministro de la Corte que requerían autorización del Senado, a pesar de la fuerte oposición del grupo demócrata. Para lograrlo, en ocasiones tuvo que recurrir a instancias extraordinarias: en el caso de la secretaria de Educación, Betsy DeVos, el vicepresidente Michael Pence tuvo que desempatar la votación en el Senado; en el caso de la nominación del ministro de la Suprema Corte, Neil M. Gorsuch, el Senado rompió una regla no escrita —y cuya vigencia databa de 170 años— que requería la aprobación de 60 senadores. El Senado cambió la regla y la nominación de Gorsuch fue aprobada con la mayoría simple de 54 senadores. Sólo así Trump logró sus propósitos.
Otras órdenes ejecutivas corrieron con menos suerte. Empezó con la prohibición a la entrada de los ciudadanos de 7 países de población predominantemente musulmana, y asimismo, se frustró la orden de construir el famoso muro en la frontera con nuestro país. Trump se topó con el Poder Judicial en el primer caso, y con la Oficina de Presupuestos del Congreso en el segundo. Un juez de distrito del estado de Washington y otro de Massachussets determinaron que la prohibición era ilegal, sentencia que luego ratificó un juzgado colegiado de California.
En el caso del muro, simplemente se le dijo al Presidente que no había dinero. El grupo demócrata del Congreso obligó al Presidente a ceder en ese intento so pena de no aprobar el presupuesto que requería para no detener la operación gubernamental. Fue entonces que Trump tuvo que retrasar su proyecto hasta el presupuesto del siguiente año fiscal. En otros casos, como la modificación de los lineamientos para procesos de deportación de indocumentados, la reacción fue, además, de la sociedad civil.
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