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Estados Unidos
Puerto Rico adeuda 12.096 millones de dólares en bonos y cerca de 240 millones de dólares a empresas que prestan servicios al Gobierno. La deuda pública total está estimada en 70 mil millones de dólares.
La función de la ANC no es solo redactar una nueva Constitución, toda vez que esta es el máximo poder del Estado mientras duren sus deliberaciones.
El presidente de Estados Unidos insinuó en sus declaraciones que las consecuencias del desastre eran culpa de la deuda multimillonaria que mantiene la isla con Wall Street.
La deuda pública que pesa sobre Puerto Rico y su pueblo, (nación que no cuenta con autonomía en política financiera por ser colonia de Estados Unidos), fue remarcada por el presidente estadounidense Donald Trump, pese a que la isla enfrenta en este momento los efectos devastadores dejados por el paso de los huracanes Irma y María.
Tan solo el huracán María dejó como saldo la muerte a una decena de personas en la isla, así como pérdidas entre 34.000 y 72.000 millones de dólares, calculadas por la consultora estadounidense Air Worldwide.
“Gran parte de la isla fue destruida, con miles de millones de dólares que se deben a Wall Street y a los bancos, con lo que tristemente hay que lidiar”, escribió Trump en su cuenta en Twitter.
En la isla hay 3 millones 411 mil 307 ciudadanos, de los que más de un millón viven en viviendas vulnerables, con techos de zinc y madera. Foto: LASSERFOTO
Por su condición de “Estado Libre Asociado”, Washington decide todo lo relacionado con el sistema financiero, las relaciones exteriores, la migración y el comercio de este territorio. Puerto Rico no puede hacer tratados comerciales con ningún país ni recibir en sus puertos barcos con banderas diferentes a las de Estados Unidos, bajo la ley “Jones Act”, que rige desde 1920.
Tras 10 días de emergencia, el jueves pasado Trump cedió ante la presión de los legisladores y permitió que barcos extranjeros lleven suministros a la isla para atender a los afectados por los huracanes.
Esta decisión será solo por 10 días y permitirá que todos los barcos, sin importar su bandera, abastezcan a Puerto Rico con cualquier producto, incluidos combustibles, agua y alimentos, debido a que la población comenzó a padecer la escasez de estos servicios.