IMPULSO/
Gerardo Esquivel
A dos semanas del segundo terremoto que afectó al país en menos de un mes, se han dado por terminados los trabajos de búsqueda y rescate. Ahora iniciará la fase de reconstrucción. Lo más urgente consiste en garantizar condiciones de vida mínimas para todos aquellos que perdieron total o parcialmente sus viviendas. Lo mismo deberá hacerse para aquellos que han sido desalojados de sus casas por motivos de seguridad.
En todas las entidades afectadas deberá levantarse un censo detallado de todas las propiedades destruidas o dañadas. Muchas de estas construcciones deberán ser derrumbadas, no sin antes haber sido evaluadas por peritos que analicen los factores que pudieron haber contribuido a sus afectaciones. Deberán deslindarse responsabilidades y deberán identificarse potenciales factores de corrupción o negligencia en las construcciones. En este contexto, surge una serie de interrogantes: ¿Quién pagará por el derrumbe de los edificios y por la limpieza de los predios? ¿Quién compensará a los dueños por las pérdidas sufridas?
Es sabido que la distribución de las pérdidas económicas en el caso de un sismo es muy heterogénea: muchos afortunados no perdieron nada, algunos más perdieron algo, mientras que otros quizá perdieron todo su patrimonio, el ahorro de toda una vida. ¿Cómo enfrentar estas eventualidades? Ya se sabe que aquellos que perdieron su vivienda y que la estaban pagando mediante un crédito bancario cuentan con un seguro de daños que les puede ayudar parcialmente. Este seguro, sin embargo, cubre fundamentalmente al banco y no al usuario. De tal manera que lo que ya se había pagado hasta el momento del derrumbe no necesariamente será recuperado. En ese sentido, es posible que a partir de ahora se dispare la adquisición de seguros de vivienda por desastres naturales. Una cosa que debemos preguntarnos, sin embargo, es si ésa sería la forma más eficiente de enfrentar la posibilidad de otro desastre similar. Considerando que mucha gente no tendrá condiciones para adquirir un seguro individual, no podemos descartar que, en el caso de que enfrentemos otra emergencia, muchos afectados nuevamente no contarán con un seguro de vivienda.
Por ello, quizá sea el momento de pensar en un esquema de aseguramiento colectivo que podría empezar en la CDMX y que podría luego extenderse a otras zonas del país. Este esquema consistiría en el pago de una pequeña prima de seguro de daños a través del impuesto predial. El monto de la prima deberá estar en función de dos variables: el valor catastral y la zona de riesgo en la que se encuentre la construcción. Entre más cara sea la construcción y más riesgosa sea la zona en la que se habite, mayor será el monto de la prima. Esto permitiría asegurar de una vez a todos aquellos que habiten en una comunidad.
