IMPULSO/ Redacción
Toluca
Al señalar que contar, en el Estado de México con una Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, es prioritario para subsanar vacíos legales y contribuir a evitar que niñas, niños, mujeres y hombres mexiquenses sigan desapareciendo, la diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal anunció que el Grupo Parlamentario de morena en la 60 Legislatura prepara una iniciativa de proyecto de Ley en la materia, mismo que se presentó a asesores jurídicos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC), del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y de Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
Al subrayar que para la bancada de morena en el congreso mexiquense, contar con una ley local en esta materia es prioritario, por lo que se consultará a organizaciones civiles internacionales y locales para conocer sus observaciones respecto de esta propuesta, así como del funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y escuchar las aportaciones que puedan hacer al proyecto estatal.
Uribe Bernal explicó que morena hará extensiva la invitación al resto de los legisladores para que enriquezcan el proyecto y se concrete en una ley que subsane vacíos legales y contribuya a evitar que niñas, niños, mujeres y hombres mexiquenses sigan desapareciendo.
Ana Isabel Gómez Bernal, secretaria técnica de la Comisión Especial para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios en el Estado de México y representante de la diputada Karina Labastida Sotelo, dijo que, según datos de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares de la entidad, la cifra de casos reportados en 2012 era de 911, en tanto que en 2018 llegaron a 5 mil 878.
Actualmente, 5 mil 475 personas están pendientes de ser localizadas en el Estado de México, por lo que Gómez Bernal consideró que debe implementarse una legislación que observe estándares internacionales para establecer bases sólidas y garantías jurídicas a las víctimas y ofendidos por este delito, además de homologarla con la legislación federal.
Ximena Ugarte Trangay, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, destacó la importancia de fortalecer los sistemas forenses de búsqueda de personas e identificación y el respeto de los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas de estos delitos.
Ana Laura Velázquez Moreno, abogada de Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, dijo que es una grata sorpresa que exista un proyecto de iniciativa en el Estado de México, pues habla bien del Congreso local y del compromiso de legislar ante un problema tan grave.
Rocío Maldonado de la Fuente, asesora jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), al hablar sobre los procesos de dictamen de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, dijo que una preocupación recurrente fue a propósito de los rubros de coordinación y la pertinencia de que en la elaboración de esta ley participen los colectivos y las familias que han sufrido la desaparición de una persona, pues legitiman los procesos de integración y dictaminación de las normas jurídicas.
