IMPULSO/Agencia SUN
Ciudad de México
Ante una masiva deportación de salvadoreños de Estados Unidos, el gobierno de El Salvador se unirá a una acelerada ofensiva diplomática que también despliega Honduras para tratar de que el presidente Donald Trump acepte prorrogar el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) que beneficia a más de 250 mil migrantes irregulares centroamericanos.
El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, iniciará este miércoles una “intensa agenda de trabajo para realizar gestiones a favor” de los salvadoreños que viven en EU acogidos al TPS y al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su siglas en inglés), eliminado por Trump en septiembre anterior.
La incertidumbre por el futuro del TPS se agravó luego de que el gobierno de Trump anunció que los migrantes que viven en EU protegidos por ese programa por los desastres naturales podrían empezar a pensar en retornar a sus países, ya que ese tipo de planes migratorios tampoco son indefinidos.
La cancillería salvadoreña informó que Martínez buscará visibilizar las “importantes contribuciones en diversos ámbitos” de los salvadoreños en EU “y con ello incidir en una extensión de ambas prerrogativas”.
Como parte de la estrategia, Martínez dijo la semana pasada que “vamos a intensificar nuestra gestión a través de estos foros en donde presentaremos las experiencias exitosas de la población TPS por medio de testimonios de gente que aporta a la economía, que destaca en la educación o en otra área con el fin de contar estas historias a los tomadores de decisiones”.
El TPS, establecido por EU en 1999 como una forma de auxiliar a Honduras y Nicaragua tras el azote en 1998 del huracán Mitch, ya fue prorrogado en varias ocasiones y la más reciente se registró en mayo de 2016 con vencimiento a partir del 5 de enero de 2018.
El Salvador fue añadido tras los terremotos que golpearon a ese país en 2001. La extensión para el caso salvadoreño rige del 10 de septiembre de 2016 al 9 de marzo de 2018.
Junto a Guatemala y Honduras, con los que integra el Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador está entre las fuentes principales de una masiva migración irregular hacia EU, vía México, en un fenómeno estimulado por la acelerada combinación de inseguridad y violencia en esas tres naciones, con una aguda y permanente crisis económica, falta de opciones laborales y las ansias de reunificación con familiares que viven en territorio estadounidense.
Recursos financieros. Los migrantes salvadoreños en EU, regulares o irregulares, son esenciales para la economía de El Salvador por su aporte con remesas familiares. El Banco Central de El Salvador reportó que de enero a septiembre de 2017, ese país recibió 3 mil 684, 5 millones de dólares en ese rubro, para un crecimiento de 347.3 millones de dólares o 10.4% con respecto al mismo periodo de 2016.
“Este resultado influye en la dinamización de la economía porque incentiva directamente a la demanda agregada y mejora las condiciones económicas de las personas que las reciben”, aseguró un informe del Banco.
Los ingresos por remesas familiares totalizaron 4 mil 576 millones en 2016, que superó en 306 millones de dólares a 2015 y con una tasa de crecimiento de 7.2% interanual, precisó. “El acumulado entre enero y diciembre de 2016 constituye el monto más alto en la historia de recepción de remesas en El Salvador y el mayor crecimiento de los últimos diez años”, añadió.
En este contexto, la cancillería de El Salvador informó esta noche a EL UNIVERSAL que hay 190 mil salvadoreños que dependen del TPS y 30 mil del DACA.
Honduras confirmó esta semana que unos 57 mil hondureños están cubiertos por el TPS, mientras que unos 5 mil nicaragüenses todavía disfrutan de ese amparo.
El gobierno de Tegucigalpa, que está desplegando también una ofensiva diplomática, reconfirmó este lunes que la decisión final de la Casa Blanca sobre el TPS será conocida a partir del próximo 5 de noviembre.
El canciller salvadoreño se reunirá este miércoles y jueves en Washington con congresistas—senadores y representantes—y con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional y de la Casa Blanca.
