IMPULSO/Eduardo Backhoff Escudero
Artículo
Recientemente, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, entregó a las Cámaras de Senadores y Diputados el Informe de 2018: La educación obligatoria en México. En él se destacan los problemas, avances y áreas de oportunidad de algunos de los componentes del Sistema Educativo Nacional (SEN), que fueron evaluados en 2017. Cuando la información lo permitió, también se hizo un análisis retrospectivo para conocer las tendencias en el tiempo de los indicadores educativos de mayor relevancia para la educación pública.
Este informe, como los de los años anteriores, arroja luces y sombras del SEN. De manera muy sintética puedo destacar que se ha avanzado, entre otros aspectos, en: la escolaridad promedio de la población mayor de 15 años (cercana a 9.2 grados), la cobertura escolar de primaria y de secundaria, la eficiencia terminal, la infraestructura y equipamiento escolares, en el ordenamiento para el ingreso, la promoción y el reconocimiento de los docentes. Sin embargo, los dos temas en los que en el país no se ha avanzado, a la velocidad deseada, son: el mejoramiento del logro educativo de los estudiantes (lectura, matemáticas y ciencias) y la reducción de la inequidad de la oferta educativa para las poblaciones más vulnerables del país (discapacitados, jornaleros migrantes, indígenas y quienes sufren de pobreza).
El reconocimiento de la problemática educativa nacional, en su momento, dio origen a lo que hoy se conoce genéricamente como la Reforma Educativa y, como parte de ella, la refundación del INEE. Lo que México se propuso fue transformar la educación creando nuevos elementos para superar esa crisis, lo cual implicó romper con las inercias conservadoras y renovar el sistema educativo mexicano en su conjunto. Al refundar al INEE, dotándolo de autonomía y ampliando considerablemente sus atribuciones, se pensó que la evaluación podría actuar como motor del cambio y que las evidencias que genera podrían constituirse en factores decisivos que sustenten las transformaciones que necesita el sistema educativo.
De las evaluaciones y estudios nacionales e internacionales se desprende que debemos avanzar fundamentalmente en el cumplimiento del derecho de los niños y jóvenes del país a recibir una educación de calidad, para lo cual se requiere: 1) un cuerpo de docentes con las más altas competencias, intrínsecamente motivados para trabajar con sus alumnos y remunerados adecuadamente, 2) una infraestructura digna, así como equipamiento, materiales pedagógicos, computadoras y acceso a internet suficientes en todas las escuelas y para todos sus estudiantes, 3) planes y programas de estudio pertinentes y actualizados, que permitan el dominio de aprendizajes a profundidad, especialmente el dominio de la lectoescritura y de las matemáticas básicas, 4) una organización escolar eficiente centrada en el logro educativo, promotora de un ambiente exigente de estudio y de un clima escolar propicio, que cumpla con el total de días de clase del ciclo escolar, 5) una supervisión escolar centrada en el aprendizaje de los alumnos, que asegure un apoyo pedagógico y administrativo pertinentes en cada escuela, lo que incluye el funcionamiento eficaz de los Asesores Técnicos Pedagógicos, 6) una participación activa en las decisiones de las escuelas por parte de los padres de familia, en particular, y de la sociedad en general, 7) un financiamiento que ayude a reducir la inequidad en la oferta educativa para las poblaciones más vulnerables, 8) evaluaciones periódicas del desempeño del sistema educativo, y de cada escuela, para la toma de decisiones basadas en evidencias.
En este último punto hay que subrayar que el INEE desempeña un papel esencial al evaluar al SEN, detectar áreas de oportunidad y observar el grado de cumplimiento del derecho a una educación de calidad con equidad. La función evaluadora del Instituto debe aportar a la sociedad un juicio crítico de la educación; lo que implica, de alguna manera, que el Instituto se convierte de facto en la “conciencia” crítica de la educación mexicana.
Sólo con un sistema educativo robusto, el país podrá aspirar a lograr que la educación sea un mecanismo social igualador y que como sociedad nos desarrollemos económica y democráticamente.
