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Ciudad de México
El presidente brasileño, Michel Temer, ganó tiempo este martes en el juicio que podría terminar con su presidencia por ilegalidades en la campaña 2014, luego de que la corte electoral diera más plazo a la defensa y citara a nuevos testigos.
Sin fecha definida para ser reiniciado, este proceso con potencial para arrastrar al país a otro ciclo de inestabilidad política, empezó según lo esperado: plagado de obstáculos y recursos para dilatarlo.
La noticia de la postergación de una eventual sentencia, que en la teoría podía efectivizarse este mismo jueves, era largamente esperada.
“El tribunal aceptó los testimonios requeridos por la defensa (…) y el plazo de cinco días para los alegatos finales después de los testimonios”, dijo el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Gilmar Mendes.
Temer responde por una denuncia de abusos económicos y políticos perpetrados por la fórmula en la que acompañó como vicepresidente a la mandataria de izquierda Dilma Rousseff (2011-2016), destituida el año pasado por maquillaje de las cuentas públicas.
El actual presidente, del conservador PMDB, sucedió a la primera mujer en gobernar Brasil luego de que perdiera su cargo a manos del Senado, en un impeachment promovido por el partido de su exaliado, a quien acusa de golpista.
Con el Congreso y los mercados a favor, Temer aspira a que el proceso se acerque lo más posible a las elecciones de octubre de 2018 y pierda sentido político.
“No hay previsión de fechas. Todo depende de cuándo sean escuchados los testigos”, dijo a la AFP una asesora del tribunal.
La denuncia, paradójicamente, fue presentada por el partido PSDB (centro), derrotado en 2014 y hoy estrecho aliado de Temer. Avanzó en el TSE, pese a haber perdido interés para la parte acusadora, que en los alegatos recientes pidió eximir al actual mandatario de cualquier responsabilidad.
La corte resolvió escuchar a cuatro nuevos testigos, entre ellos el exministro de Hacienda Guido Mantega y el expublicista Joao Santana, ambos ligados al Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) de Rousseff y su predecesor Lula da Silva (2003-201), lo que retrotrae el proceso a la fase de instrucción.
Mantega ya fue indagado en el marco del escándalo de desvíos de fondos de la estatal Petrobras hacia la política y Santana fue condenado a 8 años y cuatro meses de cárcel por su participación en la llamada Operación Lava Jato, sobre sobornos en Petrobras.
Constitucionalistas y analistas habían anticipado que el caso estaría plagado de recursos y herramientas para dilatar su resolución.
“Tenemos que evitar las postergaciones. No podemos escuchar a Adán y Eva y, posiblemente a la serpiente”, dijo el juez Herman Benjamin, que tramita el caso de casi 8.000 páginas.
“Correríamos riesgos de que se consuman semanas y hasta meses (…) La elección de 2014 será la más larga de la historia”, ironizó.
El juicio ante el máximo tribunal electoral se produce cuando aún no cicatrizan las heridas del impeachment que segó un ciclo de 13 años de la izquierda en el poder, mientras el nuevo gobierno conservador es bombardeado por denuncias del caso Petrobras.
Según la acusación, Rousseff y Temer financiaron su campaña con dinero desviado de la petrolera estatal, violaron los límites de gasto permitidos y abusaron de la maquinaria estatal para ser reelegidos.
El caso vincula los sobornos en Petrobras y el escándalo de la constructora Odebrecht con la última campaña electoral.
Una vez reiniciado el juicio, cualquiera de los magistrados del TSE puede solicitar una suspensión por tiempo indeterminado, conocida como “pedido de vista”, para profundizar su análisis.
El proceso no está, sin embargo, exento de riesgos para un gobierno impopular como el de Temer.
Medios brasileños señalan que tanto el juez Benjamin como el Ministerio Público, un órgano de la Justicia que representa al pueblo, están a favor de anular el resultado electoral.
Además, la corte podría declarar inelegibles por ocho años a Temer y a Rousseff.
La defensa del presidente buscó separar sus cuentas de la exmandataria, señalando que Temer no tuvo relación con el armado financiero. Pero hay pocas expectativas de que esa moción sea aceptada.
Un fallo adverso, aunque pueda ser revertido por la corte suprema, sería un golpe duro para Temer.
Si su estrategia falla y el TSE anula el resultado de 2014, la Constitución determina que el Congreso elija un nuevo presidente para terminar el mandato iniciado por Rousseff y continuado por Temer.
No obstante, algunos constitucionalistas interpretan que deben convocarse elecciones directas si la remoción del presidente se produce antes de los seis meses finales de su periodo.
Sería, en ese caso, un segundo gobierno de transición en apenas diez meses. (El Nuevo Diario)
