IMPULSO/ Marco A Rodríguez Blásquez
Una sugerencia al gobernador Del Mazo
El director del Semáforo Delincuencial, Santiago Roel, indicó que los índices delincuenciales se han disparado en gran parte de las entidades federativas del país. El Estado de México sobresale por tener los índices más altos en secuestros, feminicidios, robo a trasportes. Especialistas en la materia señalan que 2017 pasará a la historia como el año más violento que ha tenido el país en la época más reciente.
Contrarrestar este fenómeno delincuencial es lo que ha motivado a que distintos Gobernadores de los Estado del País anuncien medidas pendientes para devolver la seguridad de la población civil. Sin embargo, los resultados que se obtienen son insipientes y no logran ahuyentar el temor de la población, que se siente desprotegida por las instituciones responsables de garantizar la seguridad.
Ante la incapacidad del Gobierno federal de implementar una estrategia integral y articulada entre los distintos niveles de gobierno para abatir la inseguridad, la Secretaria de Gobernación, responsable de aplicar la estrategia, y a unos meses de que concluya esta administración, ha optado por un discurso de culpa hacia los gobiernos estatales y municipales. En parte hay razón en el discurso, ya que la gran mayoría de las policías estatales y municipales han sido permeadas por grupos delincuenciales.
El decálogo para abatir la inseguridad en el Estado de México dado a conocer por el gobernador del Mazo Maza debe traducirse en acciones concretas que vayan delineando el cumplimiento de su oferta de campaña en el tema de seguridad, y no únicamente en llevar a cabo acciones mediáticas como actualmente sucede. La estrategia social-mediática aplicada por el gobernador Graco le ha ocasionado un rompimiento con organizaciones de la sociedad civil, que le han restado margen de gobernabilidad. Esta lección en el Estado de Morelos es evidencia de la importancia de incorporar a la sociedad en el tema de seguridad.
Siendo realistas, los múltiples delitos que propician la inseguridad, en cuya pretendida solución se han aplicado cuantiosos recursos y esfuerzos, difícilmente se extinguirán en el corto y mediano plazo, pero lo que sí es factible lograr si se incorpora a la sociedad en calidad de observadora, es un cambio en la percepción que ésta tiene de su Gobierno, devolverle a este último la confianza de la población; este aval social es un notable avance, más cuando, a partir del próximo mes de enero, la seguridad será tema electoral.
Durante la pasada Administración federal, fuimos contratados por el Gobierno de Chihuahua para emitir primeramente un diagnóstico que se tradujo en un mapa delincuencial; posteriormente, se propusieron medidas tendientes a modificar la percepción social. Por lo extenso del territorio, se aplicaron a nivel piloto en Ciudad Juárez, apoyándonos en la técnica de comunidades colaboracionistas, con lo que se logra que las personas interactúen entre ellas a través de una red donde emiten opiniones de lo que está haciendo el Ayuntamiento en materia de seguridad.
Sin distingos de ideología, se eligió a liderazgos representativos de los diferentes sectores de Ciudad Juárez y se integraron en lo que se denominó Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública, a través del cual se retroalimentaba al municipio, informándole sobre espacios públicos susceptibles de ser recuperados, así como opiniones sobre las acciones que llevaba a cabo la policía municipal.
Al inicio de esta Administración federal, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Campa Ciprián, en una visita que hizo a este municipio, entre otros comentarios, externó que los presidentes municipales del País vieran lo que se había hecho en Ciudad Juárez.
Este modelo se aplicó en una primera fase en el Municipio de Ecatepec Estado de México.
Dato
: Se eligieron a liderazgos representativos de los diferentes sectores de Ciudad Juárez.
