IMPULSO/Hernán Gómez Bruera
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Hay una fotografía del 19 de octubre en la frontera Sur ante la que es imposible permanecer indolente. Es la imagen de un hombre que intenta abrirse paso con un bebé en sus brazos en medio de los granaderos que acudieron a recibir a la caravana de migrantes. Tiene los ojos visiblemente enrojecidos por el gas pimienta y la desesperación en su rostro es evidente. Arriba se alcanza a leer un anuncio que dice: “Bienvenido a México”. La imagen captura muchas cosas al mismo tiempo: la falta de preparación que tienen nuestras fuerzas de seguridad para mantener el orden en situaciones extraordinarias y la facilidad con la que recurren a la violencia y se saltan protocolos de derechos humanos. Pero la foto muestra también lo atrasado de una política migratoria que sigue asumiendo un carácter militarista y de seguridad nacional, en lugar de un enfoque de derechos como el que estableció en la Ley General de Migración de 2009 (una de esas tantas leyes que nunca salen del papel).
Las autoridades migratorias sabían que venía una caravana desde Honduras y tuvieron tiempo para preparar una recepción ordenada y pacífica. Los migrantes –que más que por voluntad personal son víctimas de un desplazamiento forzado– podrían haber sido recibidos en una zona especial o campo de refugiados, donde permanecieran bajo resguardo de la autoridad hasta permitirles internarse en territorio nacional. Algo similar a lo que hizo Alemania con los refugiados sirios. En lugar de eso prefirieron una operación al más puro estilo halcón. Haber recibido a mujeres y niños con gases lacrimógenos quedará inscrito como una de los episodios más lamentables de nuestra política migratoria que la Cuarta Transformación debe cambiar de una vez y para siempre. Lejos está de ser el único episodio lamentable en este terreno.
Los integrantes de la caravana bien podrían haber cruzado por separado, como lo hacen todos los años cientos de miles por una frontera prácticamente inexistente. Si decidieron marchar todos juntos no solo es por la visibilidad y el impacto político de una acción de este tipo, sino también para protegerse de las graves agresiones que sufren los migrantes a su paso por nuestras inclementes tierras. Una encuesta elaborada entre migrantes muestra que 85% de ellos son víctimas de un delito a su paso por México, 67% sufren algún robo y 26% algún tipo de extorsión.
¿Y quién los extorsiona? 42% afirman que lo hacen las propias autoridades. No en balde el Instituto Nacional de Migración está entre las diez instituciones que más violan derechos humanos en el país. En su interior es muy común la presencia de extorsionadores profesionales que complementan sus magros sueldos quitándole a los inmigrantes lo poco que traen encima, sino es que entregándoselos al crimen organizado a cambio de mayores sumas. Ciertamente, la mayor parte de los integrantes de la caravana quiere llegar a Estados Unidos. No debemos descartar, sin embargo, que muchos opten por quedarse en México. Abrirles las puertas y reconocerles su condición de refugiados es lo mínimo que puede hacer un país que exige respeto y dignidad a sus millones de migrantes en Estados Unidos. México no tiene un problema de inmigración, suponiendo sin conceder que éste sea un problema (escribí sobre el tema aquí https://goo.gl/2SHc4L). Tenemos una de las proporciones de población extranjera más bajas del continente y la más baja de todos los países de la OCDE. Estamos en condiciones de recibir a un número importante de refugiados. Sin embargo, en 2016 México tan solo reconoció el refugio a 3,223 personas y en 2017 tan solo a 1907. Muy lejos de países como Turquía, que hoy tiene 2.5 millones; Pakistán, con 1.6 millones, Irán con 979 mil o Alemania con 670 mil. Es sabido que México poco a poco está dejando de ser únicamente un país con migración de tránsito para convertirse en un país destino. Cada vez son más los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que llegan aquí huyendo de la violencia.
