- Exhorta a los candidatos a bajar sueldos de la alta burocracia, los cuales afectan las finanzas públicas.
IMPULSO/Miguel A. García
Toluca
A partir de la realidad económica y social del Estado de México, el Ejecutivo estatal debería ganar un 40 por ciento menos de lo que percibe mensualmente, esto seguido de la alta burocracia y los presidentes municipales, quienes no deberían superar lo que gana el Gobernador, así lo expusieron integrantes organización ciudadana “Somos Más” al presentar ante el Consejo General del IEEM un exhorto para que todos los candidatos al Gobierno del Estado de México se comprometan a firmar el compromiso para que en sus tentativos gobiernos disminuyan los salarios de los altos funcionarios.
Esta propuesta, explican, es parte de la iniciativa ciudadana “Un Gobierno sin Privilegios”, que tiene la finalidad de que incorporen medidas como la prohibición de contratar seguros de gastos médicos mayores con cargo al erario público, además de la eliminación del fuero y las pensiones a ex magistrados a su plataforma política.
A decir de Érick Hernández Mercado, integrante de la Coordinación Política de Transformando Somos Más”, ésta sería el primer acto de congruencia de los aspirantes al calificar las actuales percepciones de la alta burocracia como excesiva.
“Venimos a exhortar a los candidatos a que se sumen a esta iniciativa y que puedan firmarla, que los ciudadanos conozcan quien está asumiendo este compromiso de generar un gobierno sin privilegios”.
En caso de comprometerse con estas propuestas ciudadanas, deberán hacerlo de manera pública y por escrito para que en caso de ganar la elección promoverán también como gobernadores iniciativas de ley para reformar la constitución local para que en el Estado de México haya un gobierno sin privilegios.
“El exhorto es para la maestra Delfina Gómez de MORENA, para Josefina Vázquez Mota del PAN, Alfredo del Mazo Maza del PRI, Juan Zepeda del PRD, Óscar González Yáñez del PT y demás candidatos”,
Érick Hernández,
Integrante de “Somos Más”.
Con ello, se garantizará que los nuevos gobiernos no abusan del presupuesto en su beneficio, toda vez que estos recursos podrían ser enviados a necesidades sociales más apremiantes en materia de salud, educación y seguridad.
