He estado dando seguimiento al bochornoso asunto del plagio del trabajo de tesis para obtener el título de licenciatura en derecho en la FES Aragón de la UNAM en que, se afirma, incurrió la todavía –hasta este lunes 16 de enero en que redacto la presente-, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa. El Rector de la Máxima Casa de estudios del país, Enrique Graue Wiechers, ha confirmado que sí existe una coincidencia del 90% con la tesis de Ulises Báez.
Por otro lado, ya saben quien, declaró en una más de sus cansinas mañaneras que el tema es pura “politiquería”, lógicamente defendiendo a ultranza a su ministra preferida Esquivel Mosssa y criticando el pronunciamiento oficial de la UNAM respecto a que, por el momento, y sólo por el momento, la Universidad no puede retirarle el título profesional ya que no existe previsión legal al respecto en su legislación interna y que la decisión en todo caso está en la Dirección General de Profesiones (DGP), dependiente de la Secretaría de Educación Publica.
Ante ello, puede afirmarse que, en efecto, de no haber esta previsión legislada, corresponde, como últimas instancias universitarias, la decisión –en ejercicio de sus atribuciones: conocer de los asuntos que de acuerdo con las normas y disposiciones generales le sean sometidos y en general, conocer de cualquier asunto que sea de la competencia de alguna otra autoridad universitaria- que emita el Consejo Universitario al Tribunal Universitario en base al análisis e interpretación de la legislación vigente, presentación de evidencias y a una especie de integración al vacío legal en concreto al caso. Ya en base a esta valoración, y de acuerdo al artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, este asunto evidencia un claro conflicto de intereses de la referida “profesionista” con la sociedad en general del país, (cabe mencionar que en la DGP existe una comisión técnica con un representante de la UNAM para analizar los asuntos de su competencia), por lo que dicha ley “…será en favor de esta última –la sociedad-, si no hubiere precepto expreso para resolver el conflicto.” Por lo que en este ruidoso caso se surte la especie, y el citado artículo se hace más explícito al señalar que cuando “…se refiere a las profesiones que implican el ejercicio de una función pública, se sujetarán a esta Ley, y a las leyes que regulen su actividad, en lo que no se oponga a este ordenamiento.”
Vale hacer la pregunta si existen responsabilidades sobre el tema. Si, principalmente de la actual ministra y de la catedrática de la FES Aragón Martha Rodríguez Ortiz.
Ahora bien, de proceder la denuncia por responsabilidad administrativa en contra de Esquivel Mossa que interpuso el estudiante de derecho Miguel Alfonso Meza ante la propia Corte, la DGP estará facultada para, en la hoja de servicios de dicha profesionista que ahí se lleva, anotar las sanciones que se le impongan en el desempeño de algún cargo o que impliquen la suspensión del ejercicio profesional y cancelarle el registro de sus títulos (de licenciatura, maestría en administración de instituciones educativas, cursada en la UVM campus Tlalpan y el doctorado en derecho de la empresa, por la Universidad Anáhuac, registrados en 1988, 2021 y 2009, respectivamente ¿?) una vez que haya sido condenada judicialmente a inhabilitación en el ejercicio y publicar profusamente dicha cancelación, de acuerdo a las fracciones II y VI del artículo 23 de la Ley Reglamentaria citada.
El asunto ha generado expectación, y desde luego, la exigencia de que la ministra sea sancionada y separada de su cargo en la SCJN; de que ella, por dignidad ya no profesional, sino personal, renuncie a dicha alta magistratura; de que se le cancele la patente para ejercer la profesión de licenciada y sus consecuencias legales. Y ya, este día, hasta al Poder Legislativo Federal, con sus integrantes en las cámaras de diputados y de senadores de oposición, principalmente del PAN, se han sumado a la exigencia de que la ministra Yasmín Esquivel sea sancionada conforme a derecho y que deje de formar parte de la Corte, porque es indigna de ella.
ENTREGA TENANCINGO “PRESEA A LA JUVENTUD LEOPOLDO FLORES” Este 15 de enero, aniversario del natalicio del tenancinguense Leopoldo Flores, el Ayuntamiento de Tenancingo, México, entregó por primera vez la “Presea a la Juventud” que lleva el nombre del artista. El evento celebrado en el Jardín Morelos de la típica Ciudad estuvo encabezado por los doctores en derecho Héctor Gordillo Sánchez y Roberto Jardón Hernández, alcalde y secretario del ayuntamiento, respectivamente; así como regidores del mismo. Le acompañaron la Dra. Sandra Chávez Marín, Directora General de Centros Universitarios y Unidades Académicas de la Universidad Autónoma del Estado de México; la Lic. Rosa Luz Gómez Tagle Rodríguez, Directora del Centro Cultural EDOMEX Tenancingo de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado; la cronista municipal Leticia Franco Cruz y Brenda Valdés, coordinadora del Instituto de la Juventud de Tenancingo. Los jóvenes que recibieron dicha presea fueron por trayectoria artística y cultura popular: Ana Guadalupe Romero Solano y Melina Gómez Franco; categoría emprendedores e innovación tecnología: Gregorio Alejandro Estrada Cruz; por trayectoria académica: Antonio Manuel Morales Velásquez y por labor social y cultura democrática: Rudevir Delgado Peña.
