Irene Tello Arista
En tres días, se cumplen siete meses de la muerte de dos personas en el socavón del Paso Exprés y ningún funcionario público ha sido sancionado por la serie de irregularidades en la planeación, supervisión y ejecución de esta obra.
A la fecha, sólo el Delegado de Morelos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha sido destituido de su cargo, lo cual no impide que puede ocupar otro puesto en el servicio público, tampoco implica que la destitución sea consecuencia de una sanción.
Los familiares de las dos personas que murieron en el socavón interpusieron una denuncia penal que acabó en un acuerdo reparatorio, lo cual cierra la posibilidad de imponer penas de cárcel a los involucrados en el caso. Sin embargo, este acuerdo no impide que la asignación de responsabilidades administrativas y sus respectivas sanciones sigan su curso.
Cuando escucho hablar de impunidad en una conversación, frecuentemente una de las frases con las que se define al fenómeno es que en México “no pasa nada”. Otra de las ideas que se tiene es que todo acto de impunidad implica que alguien no acabó en la cárcel.
Pocas veces nos ponemos a pensar en la posibilidad de asignar multas o la inhabilitación para desempeñarse en el servicio público, consecuencias que se denominan sanciones administrativas, pues ni siquiera nos pasa por la cabeza qué son, hablar de ellas hace que uno pierda a la mitad de su audiencia y genere un par de bostezos.
Las responsabilidades administrativas se refieren, en su mayoría, a las sanciones que deben aplicarse a los funcionarios públicos por las conductas que violan lo establecido en las leyes que regulan la administración pública.
Las sanciones administrativas que pueden aplicarse a los servidores son: amonestaciones, multas, destituciones o inhabilitaciones y con ellas se pretende “autocorregir” el mal funcionamiento y contribuir a hacer más eficiente la labor pública.
En el caso del socavón del Paso Exprés, corresponde a la Secretaría de la Función Pública determinar la responsabilidad administrativa y las sanciones correspondientes de todos los funcionarios que tuvieron incidencia en la planeación, supervisión y ejecución de esta obra.
En una auditoría de la Secretaría de la Función Pública, se encontró que por lo menos en 10 ocasiones se hizo conocimiento a la SCT que el alcantarillado que pasaba por debajo del Paso Exprés en el km 93, no era adecuado para el flujo de agua ni para las condiciones urbanas de las zonas aledañas; a pesar de esto, se decidió dejar tal y como estaba.
Aunque la SFP todavía está en tiempo de imponer sanciones, conforme pasan los meses, parece ser que este asunto puede acabar en impunidad, ya que de cada 100 sanciones administrativas sólo 7 se aplican (información de Darío Ángeles para la investigación de Impunidad Cero Impunidad, sanciones administrativas y el socavón del Paso Exprés).
¿Por qué analizar este caso plagado de irregularidades a casi siete meses de ocurrido?, para exigir que no quede en impunidad la asignación de responsabilidades administrativas, también para mostrar que el tema de la impunidad va más allá de los delitos que pueden castigarse con cárcel.
La administración pública tiene incidencia sobre muchos aspectos de nuestra vida diaria, no sólo la construcción de carreteras, sino los servicios de salud, educación y seguridad pública, por mencionar solamente algunos. La falta de sanciones administrativas puede erosionar lentamente la labor pública y abrir un socavón en el que caemos todos. @itelloarista
Dato: Es necesario mostrar a la sociedad que el tema de la impunidad va más allá de los delitos que pueden castigarse con cárcel.
