IMPULSO/ Ricardo Monreal
El artículo 123 de nuestra Constitución Política establece que el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de alimentación y educación de una familia. Este precepto pone de manifiesto que la remuneración de las personas y su derecho al respeto de su dignidad humana deben estar vinculados indisolublemente.
Sin embargo, este principio se fue apartando de la realidad, para acercarse a un escenario utópico. Los salarios mínimos se estancaron, los precios subieron, y la pobreza y la desigualdad se incrementaron. Nadie se atrevía a hacer nada para remediar la situación. Por ello, una de las primeras políticas implementadas por la actual administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador —primer presidente surgido de un movimiento de izquierda—, para llevar a cabo el cambio de régimen, fue lograr un aumento en el salario mínimo.
Aunque la pérdida del poder de compra del salario mínimo de las y los trabajadores en México ha sido constante a través del tiempo, durante la década de los 80 se empezó a fabricar la justificación principal de su estancamiento. En aquel tiempo se instaló en el país una lógica a favor del mercado con la que se intentaron romper algunas inercias inflacionarias, razón que llevó a las autoridades del antiguo régimen a fijar el salario mínimo por debajo de la inflación. A partir de entonces, el salario mínimo promedio real se desplomó a tal grado que en 2015 registró niveles reales inferiores a los de 1930.
En 2018, el salario mínimo promedio era de 88.3 pesos. Un pasaje de ida y vuelta en el metro de la CDMX representaría el 11 por ciento del total, por lo que si una persona tenía que trasladarse por ese medio para llegar a su trabajo, solamente le quedarían 77 pesos de su sueldo. Con lo restante, difícilmente podría proveer alimento o dar acceso a la educación a su familia, y mucho menos ahorrar o llevar a cabo otras actividades. El salario mínimo se convirtió en la prisión de la precariedad para quienes no tenían otra opción laboral en el país y, al mismo tiempo, abrió la ventana para alimentar el crecimiento del sector informal de nuestra economía.
Aun así, hasta hace poco, en 2016, la idea de incrementar el salario mínimo era tachada de peligrosa. El Banco de México publicó un informe en el que concluyó que cualquier incremento al salario mínimo, provocaría una presión inflacionaria considerable.
En otras palabras, en nuestro país se fue gestando un ciclo vicioso en el que los argumentos económicos ?difíciles de comprender? se valoraban más que los principios morales básicos vertidos en la Constitución. Durante décadas, las autoridades llevaron la discusión al terreno económico, para evitar esconder las constantes arbitrariedades y violaciones a los derechos de la población más desprotegida.
Este ciclo vicioso, en el que las falsas justificaciones económicas se anteponían a lo moralmente correcto, se empezó a romper desde el inicio de esta administración. A partir del 1 de enero de 2019, el salario mínimo en México tuvo un incremento promedio del 16.2 por ciento, alcanzando 102.68 pesos por día. Y la inflación no solamente no aumentó, sino que registró niveles más bajos que en los años recientes. Así, la semana pasada se anunció que para 2020 el salario mínimo incrementará en otro 20 por ciento, llegando a 123. 22 pesos, muy por encima de la inflación prevista, y tratándose del mayor incremento nominal en décadas. De los efectos negativos esperados, no tuvimos ninguno.
Es cierto, aún falta mucho por hacer y estamos lejos de alcanzar una política ideal que vuelva realidad el precepto constitucional, pero las medidas que se están tomando en torno al tema son importantes por varias razones. En primer lugar, nos permiten terminar con los mitos que por tanto tiempo impidieron que empezáramos a caminar hacia un país más equitativo. En segundo lugar, se beneficiará de manera directa a todas las personas que actualmente reciben el mínimo salarial. Y, finalmente, se reivindica el entendimiento del rol del Estado respecto a la protección de los derechos de las y los trabajadores, el cual había sido abandonado, para dar prioridad al libre mercado.
El cambio de régimen que se está llevando a cabo en nuestro país se sustenta en acciones como ésta, en las que hacer lo moralmente correcto se antepone a cualquier justificación económica que proteja los intereses del mercado, para después ocuparse, en último término, de las necesidades humanas.
La Cuarta Transformación de nuestra vida pública acortará la distancia entre el ideal de sociedad y país vertido en nuestras leyes, y la vida que millones de personas tienen en México. Se trata de un cambio trascendental en el que nunca más la calidad de vida de la población deberá ser utilizada como moneda de cambio para asegurar la estabilidad macroeconómica. Seguiremos derribando mitos, para construir bienestar.
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