IMPULSO/ Ángel Díaz del Río
Seguridad
Ya decíamos que la agencia de noticias MVT, a cuyo frente se encuentra nuestro amigo Mario Vázquez de la Torre, con el apoyo del siempre profesional Pepe Contreras, había dado un golpe noticioso al revelar las violaciones a los derechos humanos de los internos del Penal Neza-Bordo.
Después de que dieran a conocer esa terrible situación, el tema se volvió viral y fue retomado por todos los medios serios del país, incluyendo las principales televisoras, que todavía el lunes dieron cuenta en sus principales noticieros del seguimiento a esa información.
Bueno pues, a consecuencia del descubrimiento de esa cloaca, fue destituido el director del Penal Neza-Bordo y también cambiaron al culpable de todo este borlote, “El Tatos”, primero lo mandaron al Penal de Chiconautla en Ecatepec, pero, tras el zafarrancho en ese lugar que dejó como saldo dos internos y un custodio heridos, lo mandaron a una penitenciaría de Durango.
Otra consecuencia fue la intervención directa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo titular, Luis Raúl González Pérez, inició una investigación sobre los casos de tortura documentados por la agencia MVT.
González Pérez dijo ayer que, en estrecha colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, investigará a fondo los casos de tortura difundidos por MVT y reproducidos por cientos de medios de comunicación.
Luego vino el regaño a las autoridades estatales, que quizás no tengan mucha responsabilidad, pues apenas tienen poco tiempo y por lo mismo no han tenido tiempo de revisar a fondo el funcionamiento de los Centros de Readaptación Social. Y digo llamado de atención porque el Ómbudsman nacional dejó en claro que este tipo de conductas delictivas al interior de los penales se presentan cuando la autoridad no ejerce sus atribuciones. Entonces, junto al llamado de atención, al mismo tiempo está definiendo literalmente como responsable al ex Director del Neza-Bordo.
Sin embargo, Raúl González Pérez, como buen político, también se curó en salud, aseguró que, con sus recomendaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no busca agraviar a ningún gobierno, pretende por el contrario coadyuvar con ellos. Claro, luego hay algunos gobernantes con la piel muy sensible que se sienten ofendidos con este tipo de expresiones.
Agregó que la CNDH ya había advertido al Gobierno mexiquense sobre condiciones irregulares en algunos penales de la entidad, siendo el autogobierno uno de los más delicados por sus implicaciones.
El titular de la CNDH definió tres grandes problemas que enfrentan los penales en el país: el hacinamiento, el autogobierno y la salud. Aclaró que sí, que los internos deben pagar las consecuencias de su conducta, lo que no está reñido con la salvaguarda de sus derechos fundamentales.
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Como le decíamos líneas arriba, Luis Alberto González Nieto, alias “El Tatos”, fue trasladado al Penal Federal Número 14, con sede en Gómez Palacio, Durango.
En respuesta a una petición del Gobierno del Estado de México a la autoridad federal, alrededor de las 7:00 horas de este día, Luis “N” fue trasladado del reclusorio de Chiconautla al Penal Federal Número 14.
Ojalá el destape de esta cloaca sirva para que el Gobierno mexiquense le ponga más atención al funcionamiento de los centros de readaptación social.
En la reunión semanal del Grupo de Coordinación Estado de México, donde se da seguimiento a la estrategia de seguridad en la entidad, se realizó la petición de sacar fuera de la entidad a este reo.
Como parte del trabajo de inteligencia del sistema penitenciario, se llevó a cabo esta acción, en la que, a pesar de contar con un amparo, este personaje puede ser llevado a otro centro penitenciario.
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Transportistas antorchistas pusieron nuevamente en jaque la circulación en Toluca. Ahora fue en el Paseo Tollocan, donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Secretaría de Movilidad. Estos personajes quieren a como dé lugar que la autoridad estatal regularice las unidades de transporte que metieron a prestar el servicio público sin contar con la concesión requerida.
Como acostumbran, los antorchistas primero dan el golpe y luego quieren repararlo. En este caso, convencieron a miles de personas de que se afiliaran a su organización y que a cambio les darían concesiones del transporte público.
Estamos hablando de ocho mil unidades que a fuerzas quieren que la autoridad estatal les regularice nada más por sus pantalones y las cosas no funcionan así, por más que estén acostumbrados a trabajar de esa forma, mediante el chantaje y la presión social. Creo que esta vez se equivocaron.
