Julio 16, 2024
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IMPULSO/ Ángel Díaz del Río

Seguridad

De un tiempo a la fecha, han colocado en muchos pasos peatonales estructura para la instalación de anuncios espectaculares. Nadie sabe a ciencia cierta quién los autorizó, a quién le pagan la renta por ese espacio público o si Protección Civil autorizó su funcionamiento, lo que es necesario saber porque pueden poner en riesgo a las personas que usan dichos pasos o a los automovilistas en caso de caer.
Muchas preguntas y ninguna respuesta. ¿Son los ayuntamientos, a través de Obras Públicas o de Gobernación, o de la Tesorería, los que otorgan los permisos? ¿Es el Gobierno estatal el que concesiona esos espacios?
En muchos lugares, dichos pasos peatonales están repletos de vendedores que expenden todo tipo de productos, desde discos pirata hasta productos de belleza, ropa y juguetes. Están saturados tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo y nadie hace nada para retirar a los vendedores y, por si eso fuera poco, ya les colocaron las estructuras para los anuncios. Seguro que debe ser un excelente negocio, pero para quién.
La mayoría de los pasos peatonales son construidos por el Gobierno del Estado de México, así que por allí debe empezar la indagatoria para saber a quién o a qué área le reportan la renta de dichos espacios.
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La inseguridad sigue latente en toda la entidad y el mando único no ha rendido los frutos que se esperaban. Antes, la gente le echaba la culpa de la inseguridad o del aumento de la delincuencia, en primera instancia, a los gobiernos municipales, pero ya no es así.
Ahora, con el mando único operando, quien tiene la responsabilidad de la prevención del delito es la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana en aquellas demarcaciones que firmaron el convenio con el mando único. Y administrativamente se entiende que es así, pero, en el plan operativo, la gente le sigue pidiendo o exigiendo seguridad a los alcaldes.
Allí está el caso de Temamatla, donde la presidenta municipal, Evertina Sánchez Baena, tuvo que salir al paso ante la demanda de la población por mayor seguridad, pues propalaron rumores de que estaban robando a los niños en ese lugar.
La Alcaldesa se comprometió con sus gobernados a pedir mayor apoyo a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, al Ejército Mexicano, a la Marina Armada de México y a la Policía Federal para reforzar la prevención del delito en esa demarcación.
Y ése es sólo un caso, como ése hay miles y, todos los días, los alcaldes deben salir a dar la cara, no les queda de otra.
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Ejidatarios del Municipio de San Mateo Atenco exigieron a las autoridades estatales y federales el pago justo por sus terrenos que son utilizados para las obras del Tren Interurbano México-Toluca.
Carlos Alcántara, Humberto Pichardo Escutia y Juan González Labastida, representantes de un total de 80 ejidatarios, detallaron que desde hace cuatro años iniciaron las negociaciones para la ejecución de la obra y hasta ahora no reciben notificación ni explicación de la situación.
Son 80 ejidatarios los que están inconformes, ya que les han quitado terrenos con una superficie de nueve a 10 hectáreas, por lo que se les han acercado autoridades, entre ellas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero no tienen ninguna respuesta certera.
Esa obra ha traído muchos dolores de cabeza a la SCT, pero eso habla de una mala planeación y de una pésima concertación con los vecinos.
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Con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en más de cinco mil hectáreas del ex lago de Texcoco, la vida y el entorno de los habitantes de pueblos aledaños se ha alterado significativamente con la explotación indiscriminada de minas para extraer materiales pétreos usados en su cimentación.
Vecinos de Texcoco, Tezoyuca, Otumba, Acolman, Teotihuacán, Nopaltepec, Temascalapa, Tepetlaoxtoc y San Salvador Atenco han señalado que la explotación de decenas de minas afecta el medio ambiente y su tranquilidad, pues el paso de camiones pesados por sus calles ha originado muchos problemas.
Las calles se han abierto o deteriorado notablemente y las autoridades municipales no cuentan con recursos para hacer las reparaciones pertinentes. Todos esperan que el Gobierno estatal les ayude en esta materia, por lo menos para bachear, ya no digamos para hacer una repavimentación en forma, como debiera ser.